Clientelismo político

Nada sacamos con decir que “en mi gobierno se entra y se sale con las manos limpias” y “se puede meter tal vez las patas, pero no las manos”. Mientras no enfrentemos de raíz el tema de la probidad política en el Estado, los escándalos se repetirán eternamente.

Si nuestra democracia marchara correctamente, los parlamentarios debieran ser legisladores, fiscalizadores y, sobretodo, orientadores de la opinión pública; para eso han sido elegidos y en eso consiste la representación.

Por el contrario, todo parlamentario debe dedicar un alto porcentaje de su tiempo a las llamadas semanas distritales, que consiste en escuchar, fundamentalmente, peticiones de sus electores. Todas estas peticiones son muy justas en un Chile muy cruel, pero muchas veces no son de competencia de un diputado.

Como parlamentario he propuesto algunos proyectos de ley, básicos para cambiar esta situación: iniciativa popular en la gestación de los proyectos de ley, que convierta al ciudadano en un colegislador; revocación de todos los mandatos que emanen de la soberanía popular; plebiscitos periódicos, convocados popularmente.

Hay que cambiar, ahora, la forma de hacer política, debemos terminar con la monarquía presidencial, más poderosa que el absolutismo; el parlamento debe recuperar su dignidad, no sólo legislando y fiscalizando, sino también orientando y representando a la opinión pública. No puede ser que las encuestas de opinión se conviertan en el único método de selección de liderazgo, no puede ser que la farándula banalice a la política.

Quiero una democracia de ciudadanos que constantemente fiscalicen la ética de sus representantes y funcionarios del estado. Esto es mucho más que la solución de parche de crear una ley cada vez que haya una evidencia de malversación de fondos públicos. Este es el sentido de mi trabajo parlamentario y por esto vale la pena luchar, tratando de lograr una rica sociedad civil que nos lleve a la anhelada democracia de ciudadanos.



El aborto en el Día Internacional de la Mujer


El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, ocasión en que se recuerda a las 129 obreras textiles de la fábrica Cotton, de Nueva York, quienes murieron quemadas en el incendio del establecimiento provocado por su propio empleador, debido a que se atrevieron a exigir sus derechos, reclamando una jornada laboral de ocho horas, descanso dominical y un salario justo.
Ha pasado el tiempo, y a pesar de los avances alcanzados en Chile por las mujeres, todavía existen una serie de elementos que subordinan a la mujer chilena a la desigualdad y la falta de libertad para expresarse.
El respeto a los derechos de la mujer exige que el Estado asegure el acceso de las mujeres a una completa variedad de servicios reproductivos de calidad, incluyendo el aborto. El aborto de riesgo es una amenaza para la vida de la mujer. Las tasas de mortalidad de los abortos inseguros son de 50 a 100 mujeres por cada 100.000 mientras que la del aborto seguro es de 1 en 100.000. En Chile las complicaciones derivadas del aborto clandestino causaron la cuarta parte de las muertes maternas, ubicando al aborto como la primera causa de mortalidad materna en Chile.
Estudios de la OMS indican que las legislaciones restrictivas del aborto, se relacionan con altas tasas de abortos inseguros y por ende mayores niveles de mortalidad de la mujer.
La ilegalidad del aborto trae como consecuencia la proliferación de servicios clandestinos de alto riesgo. En estos centros las parteras y otras personas sin entrenamiento realizan abortos en condiciones insalubres y sin técnicas adecuadas.
Las leyes que prohíben el aborto violan una amplia gama de derechos humanos, reconocidos en diversos instrumentos internacionales, en especial, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y síquica, a la privacidad, a no ser torturadas ni a sufrir tratos crueles inhumanos ni degradantes, entre otros. Por otro lado constituye una grave discriminación de género, ya que quienes se ven afectados por las penas que se le imponen al aborto son casi exclusivamente mujeres.
Todos creemos que es una práctica que, idealmente, debiera ser erradicada. Pese a que actualmente se penalizan en Chile todas las figuras de aborto, sin excepción, hay cifras que demuestran la inmensa cantidad de abortos que se practican al año y que la tasa de muerte por embarazo más alta corresponde a la de abortos mal practicados. Frente a esta realidad hay dos alternativas: refugiarse en las cavernas, pretender que está todo bien y defender como una política criminal correcta que las mujeres se vayan presas por abortar o entender de una vez por todas que las cifras demuestran que el aborto es una realidad que se hace necesaria combatir con el objeto de regular su práctica y evitar las altísimas tasas de mortalidad asociadas al aborto en la actualidad.