Las Asambleas Ciudadanas, Soviets o Antisoviets, es un proyecto que hemos decidido implementar con nuestra oficina parlamentaria en las comunas de la zona interior de la V Región.
Se trata de reuniones con distintos grupos de la sociedad civil que buscan colaborar en el diseño de estrategias y políticas para abordar temáticas del quehacer nacional o local. Prima en este contexto el bien común por sobre el individual y las necesidades colectivas por sobre las personales.
La idea es que puedan orientarse desde una triple perspectiva (no excluyente) en el ámbito legislativo, fiscalizador y comunicacional. La asamblea como modelo de gobierno promueve la participación directa por sobre la representativa, de esta forma los ciudadanos directamente toman las decisiones que son relevantes para la conducción de la polis.
Queremos lograr introducir una nueva forma de “hacer política” que comprenda el elemento de participación ciudadana como un factor esencial en su desenvolvimiento. La idea es llevar la voz de la ciudadanía directamente al parlamento mediante los cauces legislativo, fiscalizador y comunicacional. Hacer partícipes a las asambleas en la presentación de proyectos y propuestas y en el avance de los mismos.
La primera de estas Asambleas Ciudadanas se realizará el jueves 19 de abril, a partir de las 19 horas, en el Hotel Palermo de la ciudad de Quintero. El tema a tratar es subcontratación, análisis que será desarrollado por importantes autoridades.
En la ocasión el director regional del Trabajo de Valparaíso, Pedro Melo, realizará una introducción de la ley de subcontratación. Posteriormente, expondrán los panelistas Arturo Martínez, presidente de la CUT; Ricardo Ortiz presidente de la Cámara de Comercio de Quillota, y el Diputado PPD René Alinco.
Luego cada una de las posiciones serán sometidas al debate público, con el objeto de suscribir un acuerdo con la comunidad, el cual será informado a las autoridades competentes.
Un estado avisador
La Comisión Especial Investigadora de Avisaje del Estado en medios nacionales fue aprobada unánimemente por la Cámara de Diputados en junio del 2006, con el objeto de transparentar las cifras estatales invertidas en publicidad oficial en medios de comunicación (según datos del Observatorio de Medios Fucatel el 2005 se gastaron 6.413 millones 156 mil pesos en televisión y 4.315 millones 23 mil pesos en prensa escrita).
Desde agosto del año pasado en la Comisión Especial que presido, se ha entrevistado a numerosos directores de medios de comunicación nacional y local, a autoridades, avisadores y agencias involucradas. También se ha recibido a destacados profesionales internacionales en publicidad oficial, quienes han entregado valiosos aportes, principalmente en el ámbito de la legislación comparada.
Los Diputados integrantes de la Comisión hemos investigado posibles infracciones a la ley de contratación pública en la compra de avisaje por parte de los organismos públicos; hemos buscado sus deficiencias y vulnerabilidades; los criterios usados por cada repartición estatal para decidir en qué medios avisa y los medios o soportes en que esta inversión es distribuida.
Tras meses de arduo trabajo, hay elementos que permiten suponer la existencia de mecanismos inadecuados de información y reporte de los gastos del Estado en avisaje (insuficiencia del sistema Chilecompra de ítems, limitaciones de la Dirección de Presupuesto (DIPRES), Contraloría y servicios); habría falta de información estadística completa para evaluar pertinencia de los medios escogidos, lectoría, audiencia y Target; poco profesionalismo en la asignación de los recursos (ausencia de planes de medios y definiciones en función del Target), y falta de claridad en las causas que justifican la inversión estatal en un medio específico.
Por ello se hace necesario fortalecer el rol de Chilecompra; Contraloría y Dipres; definir controles externos; establecer mecanismo de asignación de avisaje eficiente y no discriminatorio (modificación sistema de licitación vía convenio “Marco”); obligación de generar planes semestrales o anuales, y planes de medios; reformar la legislación que establezca categoría de circulación nacional, provincial, comunal, etc.
Desde agosto del año pasado en la Comisión Especial que presido, se ha entrevistado a numerosos directores de medios de comunicación nacional y local, a autoridades, avisadores y agencias involucradas. También se ha recibido a destacados profesionales internacionales en publicidad oficial, quienes han entregado valiosos aportes, principalmente en el ámbito de la legislación comparada.
Los Diputados integrantes de la Comisión hemos investigado posibles infracciones a la ley de contratación pública en la compra de avisaje por parte de los organismos públicos; hemos buscado sus deficiencias y vulnerabilidades; los criterios usados por cada repartición estatal para decidir en qué medios avisa y los medios o soportes en que esta inversión es distribuida.
Tras meses de arduo trabajo, hay elementos que permiten suponer la existencia de mecanismos inadecuados de información y reporte de los gastos del Estado en avisaje (insuficiencia del sistema Chilecompra de ítems, limitaciones de la Dirección de Presupuesto (DIPRES), Contraloría y servicios); habría falta de información estadística completa para evaluar pertinencia de los medios escogidos, lectoría, audiencia y Target; poco profesionalismo en la asignación de los recursos (ausencia de planes de medios y definiciones en función del Target), y falta de claridad en las causas que justifican la inversión estatal en un medio específico.
Por ello se hace necesario fortalecer el rol de Chilecompra; Contraloría y Dipres; definir controles externos; establecer mecanismo de asignación de avisaje eficiente y no discriminatorio (modificación sistema de licitación vía convenio “Marco”); obligación de generar planes semestrales o anuales, y planes de medios; reformar la legislación que establezca categoría de circulación nacional, provincial, comunal, etc.
Los invito a trabajar juntos por la libertad y pluralidad comunicacional, terminando de una vez por todas con la centralización de la información en los grandes conglomerados periodísticos que dominan la opinión pública.
El negociado de las AFP
Ninguna empresa chilena posee una clientela cautiva de, aproximadamente, tres millones de cotizantes, a excepción de las AFPs (salvo que consideremos el Transantiago).
El Proyecto de Reforma Previsional presentado por el Ejecutivo, en vez de controlar el excesivo enriquecimiento de estas Sociedades, les permite aumentar el marco geográfico de sus inversiones, al concederles hasta el 80% de inversiones en instrumentos financieros extranjeros. En el esquema de un Estado subsidiario, heredado de la dictadura, el fisco salva el fracaso de las AFPs al proponer una pensión básica solidaria para todos aquellos ciudadanos que no hayan cotizado, tengan lagunas o hayan alcanzado menos de $200.000 de pensión, es decir, se hace cargo de más del 75% de los trabajadores chilenos, que recibirán una magra jubilación de $75.000 mensuales, a partir del año 2009.
Sólo el 1% de los cotizantes alcanza a una pensión equivalente al 75% de su sueldo, al momento de jubilar. Las AFPs cobran entre el 2,5% y 2,8% en los llamados gastos de gestión, que no corren ningún riesgo en las fluctuaciones del mercado de acciones y bonos; es el negocio más seguro y más rentable conocido en el mundo financiero. Sólo en la jauja neoliberal, llamado Chile, se puede producir tan maravilloso milagro de rentabilidad sin riesgo.
Por eso estimo que habría que conseguir que los empleadores se hagan partícipes en el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, ya sea pagando los gastos de administración de las cuentas individuales o los seguros de sobrevivencia o invalidez o aportando un monto de la cotización. Además, propongo disminuir considerablemente las comisiones que perciben las AFPs por la administración de los fondos individuales y los seguros de invalidez y supervivencia a un monto máximo del 10% de la cotización; que en la composición de la comisión de usuarios del sistema de pensiones predominen los representantes de los trabajadores activos y sobretodo de los pensionados y que exista entre esta comisión y la Superintendencia de Pensiones y el Instituto de Previsión Social una relación directa y permanente.
Por último creo que es necesaria la creación de una institución nacional de carácter público encargada de la recaudación y administración de las cotizaciones de los trabajadores.
El Proyecto de Reforma Previsional presentado por el Ejecutivo, en vez de controlar el excesivo enriquecimiento de estas Sociedades, les permite aumentar el marco geográfico de sus inversiones, al concederles hasta el 80% de inversiones en instrumentos financieros extranjeros. En el esquema de un Estado subsidiario, heredado de la dictadura, el fisco salva el fracaso de las AFPs al proponer una pensión básica solidaria para todos aquellos ciudadanos que no hayan cotizado, tengan lagunas o hayan alcanzado menos de $200.000 de pensión, es decir, se hace cargo de más del 75% de los trabajadores chilenos, que recibirán una magra jubilación de $75.000 mensuales, a partir del año 2009.
Sólo el 1% de los cotizantes alcanza a una pensión equivalente al 75% de su sueldo, al momento de jubilar. Las AFPs cobran entre el 2,5% y 2,8% en los llamados gastos de gestión, que no corren ningún riesgo en las fluctuaciones del mercado de acciones y bonos; es el negocio más seguro y más rentable conocido en el mundo financiero. Sólo en la jauja neoliberal, llamado Chile, se puede producir tan maravilloso milagro de rentabilidad sin riesgo.
Por eso estimo que habría que conseguir que los empleadores se hagan partícipes en el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, ya sea pagando los gastos de administración de las cuentas individuales o los seguros de sobrevivencia o invalidez o aportando un monto de la cotización. Además, propongo disminuir considerablemente las comisiones que perciben las AFPs por la administración de los fondos individuales y los seguros de invalidez y supervivencia a un monto máximo del 10% de la cotización; que en la composición de la comisión de usuarios del sistema de pensiones predominen los representantes de los trabajadores activos y sobretodo de los pensionados y que exista entre esta comisión y la Superintendencia de Pensiones y el Instituto de Previsión Social una relación directa y permanente.
Por último creo que es necesaria la creación de una institución nacional de carácter público encargada de la recaudación y administración de las cotizaciones de los trabajadores.
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