Con uno de los Diputados más rigurosos del Congreso, amigo mío, el Diputado Obreto René Alinco, hemos redactado un texto que quisiera poner en vitrina, en esta nueva plataforma de contenidos, esta pantalla interactiva. Es un texto donde abordamos los dilemas morales, o El dilema Moral ante el cual nos vemos, al menos ambos Diputados confrontados cada día. Son un conjunto de reflexiones breves, resumidas en no más de tres páginas, con tufo a demagogia a ratos, pero que no dejan de ser sinceras como aproximaciones.
¿Debemos optar por nuestro compromiso moral con los ciudadanos, que nos mandataron, o las autoritarias órdenes de partido? En razón del poder técnico-burocrático estaríamos obligados a no hacer uso de nuestras facultades fiscalizadoras, en aras de la preservación de los recursos fiscales frente al fracasado plan de transporte público, que ha constituido un verdadero golpe en la vida cotidiana de los ciudadanos santiaguinos. ¿Acaso estamos obligados a aceptar, sin mayor discusión, un acuerdo político sobre educación que, en realidad, no conceptúa la mejora de la segmentación y la calidad de la educación? ¿No es evidente que los parlamentarios tenemos derecho, no sólo a cuestionar la esencia de dicho acuerdo, sino que también a mejorar y cambiar las leyes a que diese lugar el proyecto? En razón de la falsa solidaridad con el Ejecutivo y las direcciones de los partidos de la Concertación, ¿los parlamentarios deberían renunciar a la crítica y poder propositivo? ¿Debemos comprometernos, a fardo cerrado, con todas las políticas que, a veces, emanan de tecnócratas, que no consideran la realidad de los ciudadanos? ¿Acaso no es de nuestra incumbencia el defender los recursos públicos y fiscalizar la actuación de los funcionarios del Ejecutivo? ¿Puede una alianza plural funcionar en base a la razón de Estado, suspendiendo el sentido crítico y cuestionador? ¿Por qué todos tenemos que pensar al unísono con nuestros dirigentes de partido? ¿Acaso no se vislumbra una contradicción entre el sentido del orden y la libertad? ¿No es el Parlamento expresión de las distintas concepciones existentes en la sociedad civil? ¿Puede concebirse un partido con una jerarquía similar al Vaticano o a un regimiento, donde las órdenes emanan verticalmente?
Estas y otras muchas preguntas más se ubican dentro de nuestro dilema moral. Cada día la democracia chilena se empobrece más: las instituciones actúan lejanas de los ciudadanos, un presidencialismo monárquico pretende anular, no sólo a la sociedad civil, sino también a sus representantes parlamentarios. A pesar de todos los intentos de cambio, continuamos con un sistema binominal, con representantes elegidos en forma vitalicia, con candidatos designados por las directivas. Cada acto de autonomía personal o de votación en conciencia es condenado con la no presentación a la reelección – como ocurrió con la votación de recursos para el Transantiago, y este no es el único caso – método que se ha convertido casi en una fórmula de chantaje; quien como cordero no acepta la orden de partido, aun cuando sea discutible, corre el riesgo de ser tratado como díscolo – término inventado por los medios – y sufrir el castigo no muy distante de los métodos de los partidos totalitarios.
No nos agrada la aplicación del neoliberalismo en la economía, aunque se disimule en un capitalismo social, con elementos humanistas y subvenciones focalizadas. No nos llena de orgullo el que muchos de nuestros gobernantes sean alabados por algunos de los empresarios monopólicos, produciendo el lógico alejamiento de los trabajadores. Nos repugnan las “sillas musicales”, en que funcionarios de gobierno pasan de un cargo a otro en las empresas o en instituciones estatales, sin responder ante nadie por sus errores y fracasos. No es bueno que la Concertación se convierta en una proveedora de cargos y la militancia en nuestros partidos sea más una agencia de empleos que un servicio a una idea de país y un compromiso ineludible con los más pobres de nuestra sociedad. No podemos estar de acuerdo en que postulados progresistas, emanados de congresos partidarios que, se supone, son la autoridad máxima democrática sean, posteriormente, desconocidos por dirigentes, ministros y funcionarios. No queremos que la Concertación pierda sus ideales de justicia social y se convierta en una alianza burocrática, similar al PRI mexicano, cuyo único interés consiste en preservar el poder, para repartir cargos a sus militantes.
Nos duele que, después de diez y siete años Chile siendo, junto con Brasil, de los países de peor distribución del ingreso en América Latina, además de una inaceptable concentración del poder económico y de pésima aplicación de las leyes sociales. Nos llama la atención el que haya tenido que ser la iglesia – y no los partidos de nuestra combinación – los que llamaron la atención ante la urgente necesidad de un salario ético, por consiguiente, no nos puede extrañar la creciente desafección de la población – especialmente de los jóvenes, mujeres y pobres, respecto a nuestros partidos y de la Concertación en general.
No nos conformamos con las peticiones públicas de disculpas y de perdón frente a ofensas tan graves como el fracaso del Transantiago. No nos parece que el gobierno deba pactar con la derecha del “desalojo”, cada vez que se ve empantanado en un Proyecto de ley, en el Congreso; a la larga, como decía el líder demócrata cristiano, Radomiro Tomic, “cuando se pacta con la derecha, la derecha es la que gana”. Sentimos que estos pactos populares no sólo nos alejan de los ciudadanos, sino que también desprecian la legítima opinión de sus representantes: los parlamentarios.
Nos encontramos ante la urgente necesidad de poner fin a políticas diseñadas por burócratas, tecnócratas y lobbistas, y reubicar a nuestros partidos y a la Concertación en sintonía con los anhelos más sentidos de la sociedad civil. Para lograr estos objetivos es imprescindible alguna dosis de audacia y espíritu innovador. Creemos que basta con el recauchaje de la Constitución autoritaria de 1980, pues hizo agua el régimen monárquico presidencial y el abyecto sistema binominal. Cada día urge más un equilibrio de poderes, que devuelva dignidad al Parlamento y métodos de democracia directa que permitan, en todas las instancias, la participación de la sociedad civil, hoy día marginada y, con razón con un creciente desprecio por la clase política. Es precisa la limitación de mandatos, los plebiscitos revocatorios y la iniciativa popular de ley.
Nos entristece que, producto de las circunstancias, se haya abandonado la visionaria propuesta de la Presidenta, de un gobierno cercano a los ciudadanos, y se privilegien actualmente, los acuerdos cupulares con la derecha en razón de una falsa eficacia para lograr los quórum calificados, que exige la Constitución autoritaria de 1980. No estamos dispuestos a aceptar que nuestros partidos sean maquinarias de poder y de reparto de cargos burocráticos, y que en sus congresos y juntas directivas estén ausentes los representantes de la sociedad civil, predominando los tecnócratas y burócratas, que tienen una doble militancia con respecto a los cargos del Estado. Cuando los partidos dejan de tener un proyecto de país e ideales motivadores, capacidad creadora, terminan convirtiéndose en clubes de una casta insensible.
Pensamos que la Concertación está a punto de hacer agua, no sólo por la usura de poder, sino también por la decisión propia abandonar los grandes principios éticos que le dieron nacimiento y por caer en una obsesiva persecución a quienes piensan distinto dentro de sus partidos. Nada más tonto que encapsular entre los partidos que la componen, creemos que es urgente abrirse a sectores de izquierda dura y blanda, librepensadores, inconformistas y críticos al Status quo político actual, hasta ahora marginados de la Concertación, donde hay un mundo de ideas y de organizaciones sociales de gran riqueza, que, de seguro, darían nuevo aire a esta enclaustrada combinación.
Marco Enríquez-Ominami
¿Debemos optar por nuestro compromiso moral con los ciudadanos, que nos mandataron, o las autoritarias órdenes de partido? En razón del poder técnico-burocrático estaríamos obligados a no hacer uso de nuestras facultades fiscalizadoras, en aras de la preservación de los recursos fiscales frente al fracasado plan de transporte público, que ha constituido un verdadero golpe en la vida cotidiana de los ciudadanos santiaguinos. ¿Acaso estamos obligados a aceptar, sin mayor discusión, un acuerdo político sobre educación que, en realidad, no conceptúa la mejora de la segmentación y la calidad de la educación? ¿No es evidente que los parlamentarios tenemos derecho, no sólo a cuestionar la esencia de dicho acuerdo, sino que también a mejorar y cambiar las leyes a que diese lugar el proyecto? En razón de la falsa solidaridad con el Ejecutivo y las direcciones de los partidos de la Concertación, ¿los parlamentarios deberían renunciar a la crítica y poder propositivo? ¿Debemos comprometernos, a fardo cerrado, con todas las políticas que, a veces, emanan de tecnócratas, que no consideran la realidad de los ciudadanos? ¿Acaso no es de nuestra incumbencia el defender los recursos públicos y fiscalizar la actuación de los funcionarios del Ejecutivo? ¿Puede una alianza plural funcionar en base a la razón de Estado, suspendiendo el sentido crítico y cuestionador? ¿Por qué todos tenemos que pensar al unísono con nuestros dirigentes de partido? ¿Acaso no se vislumbra una contradicción entre el sentido del orden y la libertad? ¿No es el Parlamento expresión de las distintas concepciones existentes en la sociedad civil? ¿Puede concebirse un partido con una jerarquía similar al Vaticano o a un regimiento, donde las órdenes emanan verticalmente?
Estas y otras muchas preguntas más se ubican dentro de nuestro dilema moral. Cada día la democracia chilena se empobrece más: las instituciones actúan lejanas de los ciudadanos, un presidencialismo monárquico pretende anular, no sólo a la sociedad civil, sino también a sus representantes parlamentarios. A pesar de todos los intentos de cambio, continuamos con un sistema binominal, con representantes elegidos en forma vitalicia, con candidatos designados por las directivas. Cada acto de autonomía personal o de votación en conciencia es condenado con la no presentación a la reelección – como ocurrió con la votación de recursos para el Transantiago, y este no es el único caso – método que se ha convertido casi en una fórmula de chantaje; quien como cordero no acepta la orden de partido, aun cuando sea discutible, corre el riesgo de ser tratado como díscolo – término inventado por los medios – y sufrir el castigo no muy distante de los métodos de los partidos totalitarios.
No nos agrada la aplicación del neoliberalismo en la economía, aunque se disimule en un capitalismo social, con elementos humanistas y subvenciones focalizadas. No nos llena de orgullo el que muchos de nuestros gobernantes sean alabados por algunos de los empresarios monopólicos, produciendo el lógico alejamiento de los trabajadores. Nos repugnan las “sillas musicales”, en que funcionarios de gobierno pasan de un cargo a otro en las empresas o en instituciones estatales, sin responder ante nadie por sus errores y fracasos. No es bueno que la Concertación se convierta en una proveedora de cargos y la militancia en nuestros partidos sea más una agencia de empleos que un servicio a una idea de país y un compromiso ineludible con los más pobres de nuestra sociedad. No podemos estar de acuerdo en que postulados progresistas, emanados de congresos partidarios que, se supone, son la autoridad máxima democrática sean, posteriormente, desconocidos por dirigentes, ministros y funcionarios. No queremos que la Concertación pierda sus ideales de justicia social y se convierta en una alianza burocrática, similar al PRI mexicano, cuyo único interés consiste en preservar el poder, para repartir cargos a sus militantes.
Nos duele que, después de diez y siete años Chile siendo, junto con Brasil, de los países de peor distribución del ingreso en América Latina, además de una inaceptable concentración del poder económico y de pésima aplicación de las leyes sociales. Nos llama la atención el que haya tenido que ser la iglesia – y no los partidos de nuestra combinación – los que llamaron la atención ante la urgente necesidad de un salario ético, por consiguiente, no nos puede extrañar la creciente desafección de la población – especialmente de los jóvenes, mujeres y pobres, respecto a nuestros partidos y de la Concertación en general.
No nos conformamos con las peticiones públicas de disculpas y de perdón frente a ofensas tan graves como el fracaso del Transantiago. No nos parece que el gobierno deba pactar con la derecha del “desalojo”, cada vez que se ve empantanado en un Proyecto de ley, en el Congreso; a la larga, como decía el líder demócrata cristiano, Radomiro Tomic, “cuando se pacta con la derecha, la derecha es la que gana”. Sentimos que estos pactos populares no sólo nos alejan de los ciudadanos, sino que también desprecian la legítima opinión de sus representantes: los parlamentarios.
Nos encontramos ante la urgente necesidad de poner fin a políticas diseñadas por burócratas, tecnócratas y lobbistas, y reubicar a nuestros partidos y a la Concertación en sintonía con los anhelos más sentidos de la sociedad civil. Para lograr estos objetivos es imprescindible alguna dosis de audacia y espíritu innovador. Creemos que basta con el recauchaje de la Constitución autoritaria de 1980, pues hizo agua el régimen monárquico presidencial y el abyecto sistema binominal. Cada día urge más un equilibrio de poderes, que devuelva dignidad al Parlamento y métodos de democracia directa que permitan, en todas las instancias, la participación de la sociedad civil, hoy día marginada y, con razón con un creciente desprecio por la clase política. Es precisa la limitación de mandatos, los plebiscitos revocatorios y la iniciativa popular de ley.
Nos entristece que, producto de las circunstancias, se haya abandonado la visionaria propuesta de la Presidenta, de un gobierno cercano a los ciudadanos, y se privilegien actualmente, los acuerdos cupulares con la derecha en razón de una falsa eficacia para lograr los quórum calificados, que exige la Constitución autoritaria de 1980. No estamos dispuestos a aceptar que nuestros partidos sean maquinarias de poder y de reparto de cargos burocráticos, y que en sus congresos y juntas directivas estén ausentes los representantes de la sociedad civil, predominando los tecnócratas y burócratas, que tienen una doble militancia con respecto a los cargos del Estado. Cuando los partidos dejan de tener un proyecto de país e ideales motivadores, capacidad creadora, terminan convirtiéndose en clubes de una casta insensible.
Pensamos que la Concertación está a punto de hacer agua, no sólo por la usura de poder, sino también por la decisión propia abandonar los grandes principios éticos que le dieron nacimiento y por caer en una obsesiva persecución a quienes piensan distinto dentro de sus partidos. Nada más tonto que encapsular entre los partidos que la componen, creemos que es urgente abrirse a sectores de izquierda dura y blanda, librepensadores, inconformistas y críticos al Status quo político actual, hasta ahora marginados de la Concertación, donde hay un mundo de ideas y de organizaciones sociales de gran riqueza, que, de seguro, darían nuevo aire a esta enclaustrada combinación.
Marco Enríquez-Ominami
