MENOS CÓNDOR Y MÁS HUEMUL

El título lo he tomado de un artículo de Gabriela Mistral, publicado en 1926. El cóndor y el huemul son los dos emblemas de nuestro escudo nacional: el cóndor es un ave carroñera y sólo muestra su hermosura y majestuosidad cuando vuela sobre los altos picos de Los Andes; si lo vemos en tierra, sería un descomunal pavo. El vuelo de esta ave se dirige hacia el pobre animal muerto, en las laderas de la montaña. Hay políticos de la orden del cóndor que extienden, autoritariamente, sus alas para atemorizar a sus víctimas; estos miembros de la orden del cóndor son animales antropófagos, que no aceptan que alguien se oponga a sus ansias de poder: viven de la orden de partido, quieren que la manada los siga servilmente y representan, en Chile, ese viejo orden precario y conservador.

En la historia del Partido Socialista ha habido períodos de predominio de personajes de la orden del cóndor y otros, los más numerosos, de la orden del huemul. La gracia, o al menos lo que la convención establece, es que los fundadores de este partido visualizaron un socialismo abierto, democrático y latinoamericano; en ese entonces el partido se encontraba cercano a los ciudadanos y era capaz, en cada etapa, de captar las temáticas más avanzadas de la sociedad.

Después de muchos avatares y de altos y bajos, el partido socialista actual está dominado por una directiva de personajes de la orden del cóndor: la sola discrepancia se convierte en una deslealtad; el solo hecho de contar con una Presidenta Socialista pareciera exigir un seguimiento ciego a todos las iniciativas y proyectos gubernativos; el parlamentario debe callar y acatar, servilmente la orden de partido, so pena de ser llamado al orden y, en algunos casos, al tribunal de disciplina; como argumento, se sostiene que han sido seleccionados por el partido para representarlo y poco interesa la conciencia, las buenas razones y el mandato de los ciudadanos, que supera siempre por lejos la adhesión al mismo partido; es como si los electores hubieran entregado un cheque en blanco a una autoritaria y circunstancial directiva. El partido de la orden del huemul, que interpreta los ideales libertarios provenientes, entre otros, de Francisco Bilbao y, más contemporáneamente, de Salvador Allende, rechaza el seguimiento a todo vaticano autoritario - antiguamente moscovita y hoy, técnico burocrático, llevado a cabo en la cotidianidad por los famosos operadores.

Reivindico la libertad de debate, que siempre caracterizó al partido. Es cierto que conlleva riesgos y desavenencias, pero es el precio de no tener miedo a la libertad, como diría el pensador Eric Fromm. Nadie puede negar que por momentos en la historia de nuestro partido, las diferencias detonaron fraccionamientos y divisiones, sin embargo, a pesar de estos pasos perdidos, el socialismo ha sabido vivir de la sabia siempre viva del debate, que es donde se genera su verdadera grandeza.

Nos encontramos, después de diez y ocho años de sucesivos gobiernos concertacionistas y de triunfos en todas las elecciones habidas durante este período, con enormes éxitos en diversos frentes de nuestro país pero a su vez observamos un Chile segregado en barrios incomunicados, de ricos y pobres: en los primeros impera la ostentación y, en los segundos, la miseria y, en no pocas veces, el reinado del narcotráfico y consumo de drogas y la delincuencia, liderada por niños y jóvenes desesperanzados. Chile ostenta uno de los récords entre los países con mayor brecha entre ricos y pobres; los trabajadores están limitados para formar sindicatos y luchar por mejores condiciones de vida; las mujeres aún son discriminadas en sus remuneraciones; las jóvenes víctimas de la violación y el embarazo no deseado se ven excluidas del sistema público de salud para detener el embarazo oportunamente; los homosexuales están en condiciones de desigualdad ante la ley: no pueden legalizar sus uniones, testar sus bienes a sus compañeros y lo mismo ocurre con las parejas heterosexuales de hecho, que no pueden tener los beneficios que la ley otorga al matrimonio civil o religioso.

Es falso dividir los temas en políticos, sociales y valóricos, pues el conjunto se relaciona intrínsecamente con la racionalidad y realidad del país. Hay un denso “peso de la noche” conservador en nuestro país incluso, a veces, atraviesa transversalmente a demócrata cristianos, socialistas y PPD. Sentimos un compromiso profundo con los excluidos del sistema social, razón por la cual propusimos un proyecto de ley que permitiera la suspensión del embarazo en situaciones de violación, abandono y fecundación no deseada. Los sectores conservadores pusieron el grito en el cielo acusando esta proposición como incitando al aborto. No es primera vez que parlamentarios de la orden del cóndor han recurrido a subterfugios parlamentarios para cerrar, autoritariamente, el debate, impidiendo la libre expresión de representantes del pueblo, cuya principal función es la representación de sus electores y concretar sus iniciativas, intereses y anhelos. Nos apena que el socialismo haya abandonado sus orígenes libertarios en razón de ahorrarse la ofensa a sus aliados conservadores. Jamás la unidad debe predominar, a nuestro modo de ver, a los postulados centrales que forman parte de nuestra vida y doctrina política.

No nos parece que el programa presidencial sea una especie de talmud, con preceptos que deben ser seguidos en detalle y a la letra que deben ser cumplidos por los feligreses. Es absurdo dejar de lado temas fundamentales por el solo hecho de no estar contenidos en el programa de gobierno, afortunadamente, la historia es dinámica y siempre surgen nuevos problemas y necesidades.

En el ambiente hay una sensación de agotamiento y de infelicidad en la mayoría de la población. Hay un acostumbramiento burocrático, un dominio de decisiones tecnocráticas y una política centrada sólo en la conservación del poder, muchas veces sin mirar la ética y el despertar de sueños de mundos; hay cuoteos, reparto de empresas fiscales, sillas musicales, parcelas en las empresas fiscales, en fin, una clase política que vive aislada de la ciudadanía, a pesar de las buenas intenciones de muchos de ellos.

Antonio Gramsci escribía sobre la guerra de las barricadas, es decir, avanzar hacia la conquista de la hegemonía de cada una de ellas: una parte de La Concertación, pienso, ha interpretado mal a ratos esta concepción aplicando una política de pequeños pasos, la mayoría pactados con la derecha. En general, se han confirmado las palabras de Radomiro Tomic: “quien pacta con la derecha, la derecha es la que gana”. Así ha ocurrido con la democracia de los consensos y con los acuerdos constitucionales, que sólo recaucharon la Constitución autoritaria. Lo que nos caracteriza, esencialmente, es la falta de audacia: jamás hemos tomado la decisión de llamar al pueblo a un plebiscito y reemplazar la constitución autoritaria por un régimen semipresidencial.

Los pequeños y grandes temores nos impiden proponer un gran diseño de transformación, propiciar un sueño de un proyecto país, que movilice las grandes mayorías. Hemos preferido administrar el sistema a implementar modificaciones profundas. Nos encontramos en la “jaula de hierro burocrática”.

Durante estos días comprobamos la existencia de una burocracia estatal, bastante ineficiente y asistimos a una campaña calculada de la derecha política para presentar a nuestro gobierno como corrupto frente a la opinión pública e, incluso, internacional, pues “todo es válido cuando se tiene la ambición de concretar el desalojo del poder”. Nuestra respuesta es débil, siempre a la defensiva, en gran parte desencantada.

Después de diez y ocho años continuamos con el sistema binominal, hemos fracasado en la inscripción voluntaria, el fracaso de la inscripción de los chilenos en el exterior, la iniciativa popular de ley, la revocación de mandatos emanados de la soberanía popular. Tenemos un padrón electoral viejo, en el cual los jóvenes se han auto excluido; los partidos son rechazados o mirados con indiferencia, en resumen, no hemos logrado dar la dignidad que merece la política, que era el más preciado legado de la república, (1833-1973). Ha llegado la hora de reformular un proyecto político-social, que termine con las exclusiones denunciadas y abra el camino a una democracia auténticamente participativa, cuyo actor principal sea el ciudadano-consumidor.

Marco Enríquez-Ominami

Diputado

Querella por injurias contra campesino y director de la cordinadora de regantes de los rios Ligua y Petorca Hugo Diaz

El Lunes 28 de Abril en el Juzgado de Garantías de La Ligua, ha concluido la querella por injurias con publicidad interpuesta por el Ministro del Interior Edmundo Perez Yoma en contra del dirigente campesino, y director de la coordinadora de regantes de los ríos Ligua y Petorca, Hugo Diaz Tapia.

Hugo Diaz Tapia, el día 28 de Enero, en el teatro de Cabildo, y en representación de miles de campesinos pertenecientes a la provincia de Petorca, hizo uso de la palabra ante todas las autoridades administrativas y políticas de la Región de Valparaíso. En su intervención señaló “,,,el acaparamiento impropio de las aguas de riego, no sólo es responsabilidad de la derecha económica, si no también de empresarios y militantes Concertacionistas, tales como Alvear, Trivelli y Edmundo Perez Yoma…”

La intervención del dirigente campesino, y los efectos provocados por sus palabras, se encargaron de colocar en el debate provincial y nacional, aspectos centrales del actual modelo de producción agrícola Chileno, en rigor desde la vigencia del Código de Aguas formulado el año 1981, en pleno régimen dictatorial, Código que separó el agua de la tierra, transformando al agua de riego en un bien de capital absolutamente especulativo y detonando la ausencia de políticas de ordenamiento territorial y el uso irracional de los recursos naturales.

Desde el punto de vista de la querella, el empresario Perez Yoma, equivocadamente a mi juicio, apelo a su investidura de Ministro del Interior, y es en esta condición que recurrió a abogados del Ministerio del Interior y del Gobierno Regional de la Región de Valparaíso. Asimismo, también equivocadamente, se presentaron como testigos de la querella interpuesta por el Ministro del Interior, funcionarios de Gobierno, subordinados del mismo.

En mi condición de diputado del Distrito 10, señalé tempranamente que me parecía injusto e inapropiado que funcionarios de alto rango se prestaran para amedrentar a un dirigente campesino que en el marco de una actividad política, realizaba juicios políticos acerca de la conducta inescrupulosa de algunos empresarios agrícolas, los que con “Dinero y Contactos” han aparentemente y muchas veces concretamente drenado los ríos y a veces incluso obtenido derechos provisorios de aguas, incluso después de que la Dirección General de Aguas, concretamente el año 2004, declarará agotados los ríos Ligua y Petorca. Por mi parte, puedo no compartir las formas usadas por tal o cual dirigente y a su vez comprender y apoyar el derecho de todo Chileno a defender su honra cuando esta se ve afectada, pero me parece que en este caso las formas a su vez usadas para abordar el asunto así como el fondo del pleito judicial, no abordaba el tema central y nuclear, cual es la necesidad de solucionar o apoyar a miles de agricultores, de todos los tamaños, ante las heladas, sequías, usos irracionales de los recursos naturales.

Ha concluido la querella de acuerdo al sentido común, sin avanzar en una discusión superficial respecto del tema de fondo, sin embargo esto no resuelve los problemas de medulares, como son la privatización de las aguas de riego, el uso de suelos sin aptitud de cultivo, y el uso impropio de las aguas. Estos son los temas que en mi condición de Diputado abordaré con el mayor rigor, y sin claudicar, junto a los campesinos, y en defensa de sus derechos, para que como sostuviera Hugo Díaz, “Nunca más el campesino tenga que inclinarse frente al señor, sacándose su sombrero”.

El dilema moral ante el cual nos vemos confrontados cada día.

Con uno de los Diputados más rigurosos del Congreso, amigo mío, el Diputado Obreto René Alinco, hemos redactado un texto que quisiera poner en vitrina, en esta nueva plataforma de contenidos, esta pantalla interactiva. Es un texto donde abordamos los dilemas morales, o El dilema Moral ante el cual nos vemos, al menos ambos Diputados confrontados cada día. Son un conjunto de reflexiones breves, resumidas en no más de tres páginas, con tufo a demagogia a ratos, pero que no dejan de ser sinceras como aproximaciones.

¿Debemos optar por nuestro compromiso moral con los ciudadanos, que nos mandataron, o las autoritarias órdenes de partido? En razón del poder técnico-burocrático estaríamos obligados a no hacer uso de nuestras facultades fiscalizadoras, en aras de la preservación de los recursos fiscales frente al fracasado plan de transporte público, que ha constituido un verdadero golpe en la vida cotidiana de los ciudadanos santiaguinos. ¿Acaso estamos obligados a aceptar, sin mayor discusión, un acuerdo político sobre educación que, en realidad, no conceptúa la mejora de la segmentación y la calidad de la educación? ¿No es evidente que los parlamentarios tenemos derecho, no sólo a cuestionar la esencia de dicho acuerdo, sino que también a mejorar y cambiar las leyes a que diese lugar el proyecto? En razón de la falsa solidaridad con el Ejecutivo y las direcciones de los partidos de la Concertación, ¿los parlamentarios deberían renunciar a la crítica y poder propositivo? ¿Debemos comprometernos, a fardo cerrado, con todas las políticas que, a veces, emanan de tecnócratas, que no consideran la realidad de los ciudadanos? ¿Acaso no es de nuestra incumbencia el defender los recursos públicos y fiscalizar la actuación de los funcionarios del Ejecutivo? ¿Puede una alianza plural funcionar en base a la razón de Estado, suspendiendo el sentido crítico y cuestionador? ¿Por qué todos tenemos que pensar al unísono con nuestros dirigentes de partido? ¿Acaso no se vislumbra una contradicción entre el sentido del orden y la libertad? ¿No es el Parlamento expresión de las distintas concepciones existentes en la sociedad civil? ¿Puede concebirse un partido con una jerarquía similar al Vaticano o a un regimiento, donde las órdenes emanan verticalmente?

Estas y otras muchas preguntas más se ubican dentro de nuestro dilema moral. Cada día la democracia chilena se empobrece más: las instituciones actúan lejanas de los ciudadanos, un presidencialismo monárquico pretende anular, no sólo a la sociedad civil, sino también a sus representantes parlamentarios. A pesar de todos los intentos de cambio, continuamos con un sistema binominal, con representantes elegidos en forma vitalicia, con candidatos designados por las directivas. Cada acto de autonomía personal o de votación en conciencia es condenado con la no presentación a la reelección – como ocurrió con la votación de recursos para el Transantiago, y este no es el único caso – método que se ha convertido casi en una fórmula de chantaje; quien como cordero no acepta la orden de partido, aun cuando sea discutible, corre el riesgo de ser tratado como díscolo – término inventado por los medios – y sufrir el castigo no muy distante de los métodos de los partidos totalitarios.

No nos agrada la aplicación del neoliberalismo en la economía, aunque se disimule en un capitalismo social, con elementos humanistas y subvenciones focalizadas. No nos llena de orgullo el que muchos de nuestros gobernantes sean alabados por algunos de los empresarios monopólicos, produciendo el lógico alejamiento de los trabajadores. Nos repugnan las “sillas musicales”, en que funcionarios de gobierno pasan de un cargo a otro en las empresas o en instituciones estatales, sin responder ante nadie por sus errores y fracasos. No es bueno que la Concertación se convierta en una proveedora de cargos y la militancia en nuestros partidos sea más una agencia de empleos que un servicio a una idea de país y un compromiso ineludible con los más pobres de nuestra sociedad. No podemos estar de acuerdo en que postulados progresistas, emanados de congresos partidarios que, se supone, son la autoridad máxima democrática sean, posteriormente, desconocidos por dirigentes, ministros y funcionarios. No queremos que la Concertación pierda sus ideales de justicia social y se convierta en una alianza burocrática, similar al PRI mexicano, cuyo único interés consiste en preservar el poder, para repartir cargos a sus militantes.

Nos duele que, después de diez y siete años Chile siendo, junto con Brasil, de los países de peor distribución del ingreso en América Latina, además de una inaceptable concentración del poder económico y de pésima aplicación de las leyes sociales. Nos llama la atención el que haya tenido que ser la iglesia – y no los partidos de nuestra combinación – los que llamaron la atención ante la urgente necesidad de un salario ético, por consiguiente, no nos puede extrañar la creciente desafección de la población – especialmente de los jóvenes, mujeres y pobres, respecto a nuestros partidos y de la Concertación en general.

No nos conformamos con las peticiones públicas de disculpas y de perdón frente a ofensas tan graves como el fracaso del Transantiago. No nos parece que el gobierno deba pactar con la derecha del “desalojo”, cada vez que se ve empantanado en un Proyecto de ley, en el Congreso; a la larga, como decía el líder demócrata cristiano, Radomiro Tomic, “cuando se pacta con la derecha, la derecha es la que gana”. Sentimos que estos pactos populares no sólo nos alejan de los ciudadanos, sino que también desprecian la legítima opinión de sus representantes: los parlamentarios.

Nos encontramos ante la urgente necesidad de poner fin a políticas diseñadas por burócratas, tecnócratas y lobbistas, y reubicar a nuestros partidos y a la Concertación en sintonía con los anhelos más sentidos de la sociedad civil. Para lograr estos objetivos es imprescindible alguna dosis de audacia y espíritu innovador. Creemos que basta con el recauchaje de la Constitución autoritaria de 1980, pues hizo agua el régimen monárquico presidencial y el abyecto sistema binominal. Cada día urge más un equilibrio de poderes, que devuelva dignidad al Parlamento y métodos de democracia directa que permitan, en todas las instancias, la participación de la sociedad civil, hoy día marginada y, con razón con un creciente desprecio por la clase política. Es precisa la limitación de mandatos, los plebiscitos revocatorios y la iniciativa popular de ley.

Nos entristece que, producto de las circunstancias, se haya abandonado la visionaria propuesta de la Presidenta, de un gobierno cercano a los ciudadanos, y se privilegien actualmente, los acuerdos cupulares con la derecha en razón de una falsa eficacia para lograr los quórum calificados, que exige la Constitución autoritaria de 1980. No estamos dispuestos a aceptar que nuestros partidos sean maquinarias de poder y de reparto de cargos burocráticos, y que en sus congresos y juntas directivas estén ausentes los representantes de la sociedad civil, predominando los tecnócratas y burócratas, que tienen una doble militancia con respecto a los cargos del Estado. Cuando los partidos dejan de tener un proyecto de país e ideales motivadores, capacidad creadora, terminan convirtiéndose en clubes de una casta insensible.

Pensamos que la Concertación está a punto de hacer agua, no sólo por la usura de poder, sino también por la decisión propia abandonar los grandes principios éticos que le dieron nacimiento y por caer en una obsesiva persecución a quienes piensan distinto dentro de sus partidos. Nada más tonto que encapsular entre los partidos que la componen, creemos que es urgente abrirse a sectores de izquierda dura y blanda, librepensadores, inconformistas y críticos al Status quo político actual, hasta ahora marginados de la Concertación, donde hay un mundo de ideas y de organizaciones sociales de gran riqueza, que, de seguro, darían nuevo aire a esta enclaustrada combinación.

Marco Enríquez-Ominami

Dos leyes para un mismo problema, la discriminación legal y social para los homosexuales y lesbianas.

Dos leyes para un mismo problema, la discriminación legal y social para los homosexuales y lesbianas.



La semana pasada presenté dos mociones, dos textos, a mi juicio dos iniciativas necesarias, para modernizar nuestra legislación y para terminar ante otra institución discriminatoria. Me refiero a la definición que hace nuestro Código civil, del sigo ante pasado, acerca del matrimonio.

A continuación expongo las dos mociones. Creo que los textos expresan por sí solos mis intenciones. Espero que el debate nacional se enriquezca así como que en esta plataforma podamos mejorar estos textos.





Cámara de Diputados





PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN RELACIÓN AL CONCEPTO DE MATRIMONIO





1. Antecedentes.- El Código Civil fue promulgado y comenzó a regir a comienzos de la

segunda mitad del siglo XIX, desde aquél entonces a la fecha ha sufrido una serie de modificaciones con motivo de los cambios sufridos por nuestra sociedad durante el transcurso del tiempo. Opiniones autorizadas han planteado –con razón-, la necesidad de su modificación, en relación a las nuevas exigencias de la vida social[1]. El ámbito del derecho de familia no debe permanecer inmutable a estos planteamientos, más si consideramos su vinculo tangencial con las normas de “orden público”, sin embargo, atendido que el derecho de familia, se estructura a partir de definiciones y conceptos en que no se puede separar de planteamientos ideológicos, de índole ético o religioso, o que incluso se encuentran incardinadas en un conjunto estratégico de saber y poder[2], todos los cuales se traducen en factores configuradores del estado de inmutabilidad del matrimonio conforme a sus viejos esquemas.



Muestra de lo anterior es la dificultosa y tardía reforma a la ley de matrimonio civil, y las sucesivas leyes en materia de regimenes patrimoniales en el matrimonio. Con la dictación de la nueva ley[3], se logró terminar con el carácter indisoluble del matrimonio, situación que motivó un amplio debate nacional que obtuvo como resultado la promulgación del cuerpo legal señalado precedentemente. Lo anterior se refiere a un aspecto del instituto, pero, desde el punto de vista sustantivo, la definición legal es insatisfactoria en el esquema actual, por lo que se hace necesario modificar el concepto decimonónico de matrimonio contenido en el Código Civil[4], en efecto, un análisis de su definición nos indica la significación de sus elementos: a) es un contrato solemne; b) que celebra un hombre y una mujer; c) por el cual se unen actual e indisolublemente y por toda la vida; d) con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente.





2. Derecho Comparado.- Sobre la naturaleza jurídica del matrimonio, es decir, su índole contractual, acto de estado, o institución[5], es bien conocida, aunque pese a las críticas, no admite dudas la posición sincrética en que se encuentra el instituto. La tendencia en las legislaciones comparadas es a modificar el concepto, eliminando la referencia expresa al sexo de los contrayentes, así como finalidades trascendentes (como podría ser la procreación). La sociedad mundial ha ido aceptando paulatinamente la posibilidad que personas del mismo sexo puedan celebrar el contrato de matrimonio, principalmente como una forma de reconocer situaciones fácticas que se producen cotidianamente en nuestra sociedad. Un interesante precedente es la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, de 20 de mayo de 1999, que declaró que la definición de la ley de familia de la palabra esposo o esposa (spouse) como una persona del sexo contrario es inconstitucional[6].





3. Ideas matrices.- El objeto del presente proyecto de ley consiste en modificar el actual concepto de matrimonio dispuesto en el Código Civil, eliminando dos rasgos o características del precepto vigente. En efecto, la idea matriz es eliminar, por una parte, el requisito de que los contrayentes deban ser un hombre y una mujer, es decir personas de diferentes sexos, y por otra, la finalidad de procreación del matrimonio. A lo anteriormente expuesto, debe agregarse que el actual concepto de matrimonio del Código Civil representa una exclusión arbitraria respecto de una cantidad importante de habitantes de nuestra República, quienes pretenden celebrar el matrimonio pero con personas del mismo sexo. A su vez, estimamos oportuno excluir la procreación como uno de los objetivos del matrimonio, por cuanto, en la actualidad un porcentaje importantes de los matrimonios, especialmente los más jóvenes, no celebran el matrimonio con el objeto de procrear, sino solamente de vivir en pareja y contraer las obligaciones y ejercer los derechos que provienen de la celebración del matrimonio.



Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente:





Proyecto de ley





Art. Único. Modifíquese el artículo 102 del Código Civil en el siguiente sentido:



a) suprímase la expresión“un hombre y una mujer” por “dos personas”.



b) elimínese la frase “de procrear”.











MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI

Diputado de la República

La otra moción es parte de lo que creo debiéramos aprobar con más rapidez en el Parlamento.





Cámara de Diputados





PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA UNION CIVIL ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO.



1. Antecedentes.- La unión civil es una de las instituciones establecidas con el objeto de permitir el vínculo jurídico entre personas del mismo sexo, otorgándoles efectos similares al matrimonio principalmente en materia patrimonial. En algunos sistemas, las uniones civiles están también disponibles para los heterosexuales que no desean formalizar su relación en un matrimonio. Estas uniones heterosexuales reciben el nombre legal de unión libre. En nuestro sistema, debemos considerar que al mantener una legislación decimonónica en materia de derecho privado, especialmente en el ámbito de la familia, se encubre una realidad que existió desde los inicios de la sociedad, esto es las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo[7]. Nuestra actual legislación, en el artículo 102 del Código Civil[8] establece como elemento de la esencia del contrato de matrimonio la diferencia de sexo entre los contrayentes. Así, expresamente nuestro código deja fuera de reconocimiento legislativo a las parejas compuestas por personas del mismo sexo, no obstante, que nuestro propio ordenamiento consagra en la Constitución Política el derecho a la igualdad ante la ley[9].



Esta garantía fundamental tiene por objeto evitar que la ley o alguna autoridad establezcan diferencias arbitrarias en el ejercicio de derechos fundamentales. Como sostiene el profesor Peña, “desde un punto de vista puramente conceptual, el de igualdad es un concepto relacional, puesto que, para hablar de igualdad, obviamente se requieren al menos dos términos entre los cuales la relación de igualdad resulte trazada”[10], luego agrega que , “una somera del texto constitucional muestra que la igualdad entre todos en algo], es la alternativa […] al igual que en el derecho comparado resulta relevante”[11]. De este modo en un primer nivel de análisis, la igualdad es entre todos los seres humanos cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición[12]. De lo anterior se sigue que si hay derechos para cuya titularidad se exige la condición de ser humano, esos derechos –atendido que la humanidad se presenta en todos- deben también ser distribuidos igualitariamente. Esta primera forma de igualdad se le denomina igualdad en la distribución de los derechos[13]. Una segunda dimensión del principio se deriva de la interpretación sistemática a partir del art. 1 de la carta fundamental, que permite establecer la idea de igualdad fáctica mínima, en el sentido que el Estado debe facilitar a las personas el acceso a los bienes primarios que permitan la autorealización de un ser humano. Finalmente, la igualdad consagrada en el precepto, supone en un nivel mán intenso el derecho al igual respeto y consideración, lo anterior supone que el ser humano responde sólo por actos voluntarios, por lo que no se le puede reprochar ni maltratar por eventos o cualidades adscritas sobre los cuales carecen toda posibilidad de control.





2. Derecho comparado.- Sobre la materia del presente proyecto, pueden mencionarse en Argentina, la ley n° 1004, sobre creación del registro público de uniones civiles, de 27 de enero de 2003, en una línea similar es la ley noruega que en su art. 1 autoriza con la creación de un registro público la unión de personas del mismo sexo; en Bélgica la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, con una pormenorizada regulación; en Francia, si bien, no existe la figura del matrimonio homosexual, se crea una figura legal, llamada Pacto Civil de Solidaridad, que permite a dos personas mayores de edad contraer un vinculo para organizar su vida en común. Para celebrar este contrato no se requiere que sean dos personas de sexo diferente, pueden ser del mismo sexo (Ley n° 99-944 de 15 noviembre de 1999); en los Estados Unidos de América la más significativa es la regulación de las uniones civiles en el estado de Vermont. De más reciente data es la ley 13/2005 de España que en una interesante exposición de motivos modifica el art. 44 del Código Civil, haciendo aplicable el matrimonio a personas del mismo sexo.



De acuerdo con lo anterior, se demuestra que el tema de las uniones civiles es una practica asumida en muchas legislaciones comparadas, por lo tanto, es una situación reconocida en la mayoría de las sociedades modernas. En efecto, lo que se ha realizado en dichas legislaciones corresponde a una regulación de situaciones de hecho, que se presentan con frecuencia en la vida social.





3. Historia legislativa.- En cuanto a las propuestas de lege ferenda, recogen posturas antagónicas, en que podemos mencionar los proyectos sobre fomento de la no discriminación y contrato de unión civil entre personas del mismo sexo (Boletín 3283-18); el que establece la garantía constitucional del derecho a la libertad sexual y reproductiva (Boletín 4277-07). Como contrapartida, el que establece un régimen legal de las uniones de hecho (excluye las uniones de hecho entre personas del mismo sexo), Boletín 3494-07; en el mismo sentido el Boletín 4153-18; y claramente desproporcionado en el proyecto de reforma constitucional que sustituye el inciso quinto del artículo 1° de la Constitución Política de la República, reconociendo el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.





4. Ideas Matrices.- El presente proyecto tiene por objeto establecer una instancia en nuestro ordenamiento jurídico, para que personas del mismo sexo celebren uniones civiles disponiendo de su vida en pareja. De esta forma, las parejas integradas por personas del mismo sexo podrán optar a una institución de efectos similares al matrimonio, principalmente en materia patrimonial.



La unión civil regulará, además de las distintas solemnidades que requiere por su naturaleza, los deberes y derechos de los contrayentes y el régimen patrimonial de los mismos.



Es por eso que sobre la base de los siguientes antecedentes vengo en proponer el siguiente:



Proyecto de ley

Artículo Único.- Agréguese el siguientes artículo al Código Civil.

Art. 102 bis. “La Unión Civil es un contrato solemne celebrado por dos personas del mismo sexo, ambas con la correspondiente capacidad, destinado a regular la vida en pareja de los contrayentes”.



Adolecerá de nulidad la unión civil en los siguientes casos:

a) En el evento que los contrayentes tengan los mismos impedimentos en materia de parentesco, aplicables en el matrimonio.

b) Cuando alguno de los contrayentes tenga un vínculo de matrimonio o de unión civil no disuelto.

La celebración de la unión civil se realizará cumpliendo todas y cada una de las formalidades requeridas para la celebración del matrimonio, exceptuando aquellas que se oponen a la naturaleza de la unión civil.



Al momento de la celebración de la unión civil se establecerá el régimen de bienes al que optarán los contrayentes, esto es separación total de bienes o comunidad de bienes. Así mismo, en ese mismo acto deberá señalarse cual de los dos contrayentes tendrá la administración en el evento que la elección del régimen sea la comunidad de bienes.



Las normas relativas a la separación total de bienes y a la sociedad conyugal en relación la comunidad de bienes, se aplicarán a la unión civil en todo lo que no contravenga su naturaleza.





MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI

Diputado de la República

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FUTURA TELEVISION DIGITAL EN CHILE

Ante la confusa demora del Gobierno para anunciar la norma para la futura televisión digital en Chile he querido exponer esta vez en no más de dos páginas mi visión acerca el estado del arte de la industria cultural, el poder fiscalizador y la entidad más cohesionadora socialmente, que conozca, la televisión.

La televisión es, a mi juicio, no solo una dimensión cultural, informativa y recreativa de la sociedad, sino que además es educativa, el que la usa o recibe la puede hacer educativa. Es decir es una industria gobernada desde la oferta hacia la demanda. Una industria que reúne como ningún partido político a casi todos los chilenos, para ofrecerles contenidos que a su vez las mujeres consumen casi 4 horas al día en promedio, y que logra mantener casi 90% de los hogares frente a ideas, emociones, raciocinios, lenguajes y miradas casi todas las noches. El televisor es el único objeto decorativo que todos tenemos frente a nuestras camas, que además es un objeto ultra ideologizado acerca del cual la clase política debe estudiar y sospechar. Los parlamentarios y la clase política en general deben superar esa relación utilitaria con la televisión, y ampliar por tanto su relación con esta enorme industria a la que por una parte, desprecian, y por la otra, temen.

Por todo lo anterior y ante el intenso debate generado por la decisión acerca de cuál norma de televisión digital debe elegir el gobierno, y ante el despliegue desesperado y a ratos desprolijo de algunas empresas privadas en materia publicitaria acerca del menú de ofertas que detonará la digitalización de la televisión, el debate acerca de la calidad de los contenidos ha logrado reinstalarse pretextual y cómodamente tanto en los escritorios de algunos ejecutivos de televisión como en las altas esferas de la elite política. Pero el debate de fondo, legislativo, político, social y cultural es post norma, es decir una vez elegida la norma digital con la que Chile desarrollará los nuevos atributos que ofrece la nueva tecnología. Por todo lo anterior es que la demora, inexplicable, mal justificada y poco transparente para decidir cual norma regirá el futuro de nuestra televisión, puede transformarse en un error político y administrativo. Pues demorará un necesario debate legislativo sobre el uso del espectro radioeléctrico de todos los Chilenos y sus aspectos legales, así como la implementación de las mejorías que implica la nueva tecnología y éste incumplimiento de parte del Ministro encargado del área podría condenar entonces a los chilenos a un retraso televisivo y por tanto quizás cultural.

Es tanto el hambre de debate que tenemos en Chile y más aún acerca de esta caja televisiva, creadora y destructora de hábitos, que hemos desde ya activado discursos ideológicos respecto de una simple decisión administrativa que debe tomar la Subsecretaría de telecomunicaciones. Es tanto el hambre de confrontar posiciones respecto del modelo televisivo que podremos ofrecernos, que tanto los privados, los industriales, los consumidores, los partidos, los parlamentarios, los ministros han esbozado sus posiciones respecto de opciones de normas televisivas que afectarán dos bienes jurídicos: el derecho o acceso a la información y por otra parte la libertad de expresión. Por mi parte soy de los que quiere aprovechar la enorme oportunidad que nos ofrece la tecnología digital para acortar la brecha informativa de los chilenos, para escapar de la a veces reducida oferta de miradas que nos hace la televisión generalista que tenemos en Chile, así como para avanzar en la convergencia tecnológica y detonar desde ya la enorme creatividad contenida en regiones, y en esferas varias, producto de la escasez espectral a la que nos condenó durante décadas la televisión analógica.



Marco Enríquez-Ominami

El Chavismo le ganó a Chávez

Me han pedido muchas veces que escriba sobre Chávez y siempre me he resistido ante el hambre de que uno encarne un personaje a mi juicio lamentable, el de mosquetero de cualquier Presidente. Pero esta vez, en realidad, después de haberlo hecho para la revista Capital, he decidido compartir mi experiencia y visión del proceso que encabeza el diabolizado Chávez. A continuación retrato mi recorrido por la ciudad caribeña el histórico día de la derrota electoral, no política del Presidente que se autodefine como un Macaco, ironizando con los prejuicios raciales de algunos de nuestros conservadores compatriotas.
A las 5:30 am del domingo 2 de Diciembre desperté en Caracas, ansioso, como tantas veces, no tanto por mi tarea de observador del Referéndum Aprobatorio al que fui invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, sino porque el gobierno Bolivariano impuso un nuevo rito ciudadano: el Toque de Diana, una trompeta militar que se escucha por todos los rincones del país desde las 5 de la mañana para despertar y recordar el deber ciudadano ante cada votación.
A partir de esa hora y por esta ciudad rodeada de cerros, miedos y sueños, desabastecimientos, debates trascendentes sobre el futuro, líderes y ciudadanos vestidos de rojo o con un No rayado por distintas partes del cuerpo, es que debíamos transitar los más de 100 veedores electorales. Hombres y mujeres, provenientes de más de 36 países, que observamos con curiosidad este país donde el Estado ha vuelto a ser dueño de hoteles y medios de comunicaciones, pero cohabita con una esfera privada rica en utilidades y libertades para sus negocios.
Es la Venezuela Bolivariana, de la que se habla en cada noticiero del mundo, muy lejana de la cínica limpieza de Las Condes, del hipócrita debate político chileno y más parecida a un país hirviendo, a punto de ser invadida por algo excitante, embarcada en un sentimiento de urgencia y ante un mundo que la sigue con sospecha.
Pero la Diana al parecer no fue oída en esta oportunidad -como sí irritó mi honorable sueño- por los 8 millones de venezolanos que prefirieron disfrutar el caluroso y ventoso domingo, abstenerse del vértigo de las urnas y someter a su presidente a una estrecha derrota electoral, un severo traspié político y develar ante la permanente sospecha mundial que las acusaciones anteriores de fraude electoral contra el mismísimo Chávez, eran falsas y malintencionadas.
Promover la reelección indefinida no fue la propuesta indecente de las 69 reformas constitucionales del presidente venezolano que provocó este ausentismo de sus adherentes y de los abstencionistas de siempre. Esa idea no tiene particularidad ni originalidad alguna. Francia, una de las democracias más antiguas del mundo, considera que es el pueblo el que debe decidir su futuro y elegir a sus presidentes sin limitación alguna. Tampoco fueron las propuestas acerca de la institucionalidad las que fueron derrotadas (algunas modernas y otras revisables, a mi juicio). Ni menos aún las poderosas consideraciones económicas acerca del interés privado respecto del público dentro del texto votado.
Porque 12 meses antes de este episodio político, la reelección de Chávez (acerca del quien tengo respeto y juicios complejos sobre su figura y obra) obtuvo más de 7 millones de votos, mientas que la histérica oposición sumó unos 4 millones. Este domingo, la oposición repitió su votación anterior. Es decir que, de confirmarse los datos electorales, dicho bloque no subió ni bajo, sino que sólo contuvo su adhesión popular, a pesar del activo moral que significó el apoyo estudiantil.
En cambio la opción Sí del locuaz presidente Chávez obtuvo casi 4 millones y, por tanto, no logró entusiasmar a alrededor de 3 millones de sus anteriores adherentes. O sea, una parte importante del Chavismo no oyó la Diana o hizo caso omiso.
Ellos protestaron con su abstención y su silencio, unidos así al conjunto de críticos a las convenciones y lenguajes del poder, a los adversarios de un mundo unipolar, de un modelo económico cruel a ratos, partidarios de más debates y democracias. Algunos para no aceptar más poderes para su líder, otros inspirados por intereses personales y materiales o en abierta contradicción con las posibles reelecciones indefinidas del presidente bolivariano.
Quizás porque transformaron el desesperado Referéndum Aprobatorio de Chávez en uno revocatorio en torno a su figura. Quizás porque se molestaron, como me moleste yo, con la desesperada y repetida técnica discursiva y electoral de los últimos días pre-eleccionarios, la “del caos o yo” o “si pierdo, el caos”. O a lo mejor incluso, es un electorado que se aburrió de tanta participación activa, de tanta retórica a toda hora y que decidió desde el Chavismo reinventar a su líder, con o sin su complicidad.
Venezuela enfrentará entonces su mayor desafío, reconocer sus logros en materia de salud y educación, transitar hacia una era post Chávez, recuperar un necesario clima de paz social y política y abordar con astucia los activos y pasivos que dejó la orgía del precio del petróleo.

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