La crisis económica, la politique como siempre en deuda

Si existe una dimensión de la sociedad chilena que ha sido renovada, modificada, regulada, desregulada, transformada y maquillada ha sido la economía. Lo han sido tanto los elementos de la macro como de la micro economía, así como las instituciones existentes y las recientemente creadas o autonomizadas. Ese talento para adecuar normas, repensar escenarios y regulaciones ha sido notable en algunos casos y aberrante en otros, pero lo innegable es que las elites criollas comprendieron de modo sistémico la relevancia de modernizar lo modernizable en la economía nacional. Historia diametralmente opuesta si uno revisa los aspectos medulares de la institucionalidad política. Ésta no solo no ha sido modificada de modo contundente sino que han sido cosméticamente retocados los capítulos Cuarto y Quinto de nuestra Constitución, los episodios referidos a nuestra institucionalidad, el gobierno, los equilibrios de poderes y otros aspectos relevantes no han sido modificados con la audacia con que sí se han abordado las necesarias reformas al sistema económico. Quizás porque en los años 80 se sometió la institucionalidad política al servicio de la economía, pero aún así, las reformas en solo una de las dos dimensiones han seguido de modo sistemático.
Ante la reciente y antipática crisis de confianza en los mercados, vuelve a aparecer de manera atolondrada y torpe la vieja discusión acerca del rol del Estado, pero esta vez adquiere protagonismo en el debate el rol de Estados prestadores, motores de la confianza como pocas veces antes en la historia mundial. Vuelve entonces a instalarse la duda acerca de cuál debe ser la sana relación entre esfera pública y esfera privada. Vuelve instalarse el debate acerca de si el modelo económico determina el modelo político Institucional o al revés. Si un sistema más Presidencialista o más Parlamentario es más apto para el desarrollo económico y enfrentar las crisis, sin que exista evidencia en subsidio de una hipótesis u otra. Pero a pesar de todo lo anterior y para modernizar y acelerar soluciones ante escenarios adversos siempre es necesario adecuar las normas o al menos revisarlas y a su vez mejorar nuestro sistema de gobierno, nuestro Régimen Político.
Para comenzar esa tarea vale la pena recordar que Chile, al igual que el conjunto de países sudamericanos mantenemos modelos de gobierno políticos, heredados de la colonia, borbónicos y monárquicos que se expresan en su plenitud en Presidencialismos sin contrapesos, donde se pretende que solo un Padre-Madre-Héroe puede salvar a la Patria de sus amenazas internas y externas. Casi todos los modelos institucionales de nuestro continente fueron copiados o más bien mal fotocopiados desde el Presidencialismo Americano, es decir sin el potente equilibrio que supone la relación ejecutivo-congreso en USA.
En nuestra modelo institucional se concentra la iniciativa legislativa y ejecutiva casi en una sola persona, en un poder sin contrapesos robustos y sin distribución de las decisiones, más bien concentrando atribuciones hasta el extremo de nombrar inspectores de la colonia-gobierno central, como lo demuestra la existencia anacrónica de los gobernadores encargados de clientelizar provincias díscolas.
La crisis económica debiera entonces no solo invitar a la calma, a medidas contundentes respecto de la liquidez, las tasas de interés y otras tantas revisiones introspectivas respecto de nuestras regulaciones ante un mercado excesivamente especulativo del crédito, sino que además invitar a reflexionar acerca de cómo es que economías muchas veces más grandes que la nuestra han optado, por razones culturales, tradicionales, históricas, por sistemas políticos semi-presidenciales o parlamentarios o inclusive presidencialismos balanceados, que si bien no los han hecho impermeables a las crisis económicas, pero que a mi juicio sí les han permitido enfrentarlas con una potente legitimidad, siempre reconociendo en el ejecutivo la iniciativa en materia económica. Han tenido legitimidad institucional no tan solo para alcanzar la cohesión social sino para administrar riquezas económicas y enfrentar períodos de crisis política y económica con modelos integradores, participativos, elásticos, eficientes, es decir criterios con los que nuestro Régimen Político actual, el Presidencialismo reforzado o exacerbado, no logra empatizar ni armonizar como muchos quisiéramos. Pues la fuerza de una economía y de un sistema político no solo se mide por su alcance sino por su legitimidad y ella dice relación con contrapesos coherentes y eficientes al poder central. Pero si consideramos al 62 % de jóvenes no inscritos en los registro electorales, la ineficiencia en la que está sumida el Parlamento mediante por ejemplo Comisiones Investigadoras estériles, la exclusión de minorías y tendencias políticas del sistema electoral y de representatividad institucional, así como si agregamos el suma cero legislativo en que está actualmente nuestro gobierno desde que perdió la mayoría parlamentaria en casi las dos Cámaras parlamentarias, entonces aparece como una evidencia magna el que ante esta crisis reciente la capacidad de reacción de Chile está enfocada solo desde tímidas medidas económicas con una legitimidad precaria producto de un sistema político también precarizado. Y por tanto ante un problema de confianzas se implementan soluciones desde un Régimen Político donde la confianza no es el mayor de sus atributos. Cuesta imaginar al gobierno implementando medidas como las conocidas en USA y la UE si es que la crisis fuese de ese tamaño en Chile. Algo así como lo que ha ocurrido con el Transantiago, donde ante una crisis de inconmensurable alcance, la clase política y el sistema no han sido capaces de dar solución producto del empate de fuerzas entre un Ejecutivo y un Parlamento y producto probablemente de una falta de legitimidad para implementar medidas difíciles o para criticarlas. Por tanto sean Presidencialistas, monárquicos o parlamentaristas los sistemas institucionales, a mi juicio, deben adecuarse y legitimarse. Y mientras abordamos una crisis económica mundial debemos alcanzar mayores grados de legitimidad para el sistema que ordena, para el Estado como poder económico, para las instituciones económicas, pero siempre dentro de nuestra tradición, y buscando finalmente armonizar la economía a la institucionalidad o viceversa, pero siempre teniendo la legitimidad como norte político.