Y aunque en democracia se supone que existe supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil, en Chile el negocio de las armas ha sido y sigue siendo una fuente de enriquecimiento de militares que, además, administran el incomprensible privilegio del 10% de las ventas del cobre; por eso no es extraño que haya explotado el escándalo de las presuntas coimas recibidas por el General Vega y sus familiares, amén de otros civiles y militares implicados.
El caso fue denunciado hace tiempo por el hoy senador Nelson Ávila, pero nadie le hizo caso. Chile es un país dominado por los poderes fácticos -militares y civiles- y el negocio de las armas es un verdadero hoyo negro donde, seguramente, se destaparán nuevos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
El no distinguir el delito de la responsabilidad política es propio de la mentalidad hipócrita criolla. No cabe duda de que los ministros y subsecretarios de Aviación -en este caso- son responsables políticamente al abstenerse de formular cargos, en su momento, contra oficiales, familiares, agiotistas y lobbistas implicados en una inmensa sustracción de recursos fiscales. Es hipócrita -y cínico- sostener que estos recursos fueron pagados por las empresas belgas, en el fondo, es una coima común y corriente para obtener un contrato.
El secreto o reserva no debe ser un "alibi" para mantener completamente desregulado el mercado de las armas. Pienso que el Senado y
Creo imprescindible que, cautelando la debida ejecutividad de las decisiones, las facultades presidenciales en materia de defensa nacional y política exterior se sometan al escrutinio del Congreso Nacional. Por su responsabilidad ante la ciudadanía,
Marco Enríquez-Ominami
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