DICOM: el pabellón de la muerte civil para cuatro millones de chilenos

Cualquier chileno que tenga la mala suerte de estar en mora, respecto a una deuda, tiene un destino tan miserable como el protagonista de El Mercader de Venecia. Es cierto que no le extraen una libra de carne, pero su condena es peor: si está enfermo, las clínicas privadas no lo aceptan por formar parte de la lista de morosos; si quiere presentarse a un trabajo, podrá salir airoso en todos los concursos, pero lo perderá cuando le pregunten sobre sus antecedentes comerciales – ni siquiera se salvó un niño de cinco años de edad cuyos padres estaban en la fatídica lista-. El reporte de crédito equivaldría, en Chile, al certificado civil de defunción, en síntesis, el chileno deudor deja de ser sujeto de crédito, nunca más podrá ser un consumidor y, en su desnudez, sólo le queda el derecho a sufragio para elegir entre candidatos nominados en la sombra, por los jefes de partido, sin que haya sido consultado sobre esas decisiones. En términos griegos, el deudor es un completo idiota y no merece consideración alguna.

DICOM surge del decreto supremo 950, dictado por el ministerio de Hacienda en 1928, que entrega a la Cámara de Comercio la redacción del antiguo Boletín Comercial: el Peneca Verde. Esta institución constituye un monopolio, cuya función se centra en poseer una lista de deudores y una calificación crediticia. El 18 de mayo de 2005 la Fiscalía Nacional Económica denunció a DICOM ante el Tribunal de la Libre Competencia de ser una empresa monopólica que cobraba ilegalmente a los deudores por las aclaraciones. Aún cuando estos pagaran la totalidad del crédito, incluidos los intereses, debían cancelar a DICOM una suma que iba entre los $4.000 y los $13.000 por cada aclaración – por este cobro DICOM gana aproximadamente 3.000 millones de pesos, un enorme porcentaje de sus ingresos totales

Algunos parlamentarios y candidatos presidenciales en la pasada contienda manifestaron su acuerdo con la derogación del Decreto Supremo 950, pero una vez pasada la elección esta monstruosa antigualla sigue en vigencia, permitiendo el abuso de uno de los monopolios naturales más odiados por la opinión pública chilena.

El desarrollo de una economía sana exige una transparencia en el campo del crédito: las Pymes son fundamentales para promover el empleo, pero un alto porcentaje de ellas son víctimas de los bancos y, al retrasarse en el pago de los créditos, de DICOM. De no derogarse el decreto 950 y reemplazarse éste por un sistema de información financiera moderno, el mundo crediticio seguiría en la oscuridad, en el abuso y en la falta de transparencia.

Ahora bien, me atrevo a proponer dos alternativas que permitirían el fin de DICOM, así como también una mayor transparencia en el campo crediticio. La primera sería realizar una licitación, dirigida por la superintendencia de bancos e instituciones financieras, que permitiera una mayor competencia e, idealmente, la eliminación de esta comisión abusiva, realizada por el actual mal llamado DICOM. La segunda, que la superintendencia administre directamente el boletín comercial – esta alternativa tendría la ventaja de la eliminación del injusto cobro y, a su vez, impulsaría una planificación de la política crediticia haciendo más efectiva y diáfana la información, no sólo sobre el reporte crediticio, sino también sobre el puntaje de crédito.

Marco Enríquez Ominami