Si el Estado no protege a los trabajadores nadie lo hará

El presidente del PRO señaló que el país no puede olvidar las responsabilidades de quienes han sido partícipes del accidente.



Luego de conocerse que los 33 mineros atrapados en la Mina San José de Copiapó están vivos, el presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, señaló que es necesario intervenir seriamente para que accidentes como éste no se repitan en Chile.


“Es realmente un milagro que los 33 mineros estén vivos. Me sumo a la alegría de las familias de los trabajadores y a la de todos los chilenos que han celebrado espontáneamente esta noticia. Queda mucho aún, hay que sacarlos de ahí y eso demorará más tiempo. Espero que la angustia que hemos sentido durante 17 días no vuelva repetirse nunca más en Chile”.

En este sentido, Enríquez-Ominami recordó que desde 2008 permanece archivado en el Congreso un proyecto de ley que presentó junto al entonces diputado socialista, Juan Bustos, que buscaba perseguir los delitos contra la seguridad de los trabajadores. El proyecto apunta, justamente, a evitar situaciones como las vividas por los mineros de Copiapó: “si el Estado no protege a los trabajadores nadie lo hará. El trabajador se encuentra en condiciones desiguales frente a los dueños de las empresas; y los sindicatos, como queda demostrado en el caso de los mineros de Copiapó, no cuentan con herramientas para exigir sus derechos como corresponde. En estas materias, como en muchas, el mercado no regula, ni le interesa regular salvo para privatizar las ganancias y repartir los problemas”.

El proyecto de ley ingresó a la Cámara de diputados el 15 de enero de 2008 y permanece archivado desde esa fecha. Al respecto Enríquez-Ominami señaló: “Lo ocurrido en Copiapó no sólo debe ser investigado en profundidad, sino que tiene que generar las condiciones para que los delitos de cuello y corbata que cometen tanto empresarios como funcionarios del Estado sin escrúpulos, no queden impunes. Espero que en el Parlamento se genere el consenso necesario para que este proyecto de ley se reponga y con ello se coloquen los derechos laborales como prioridad de las discusiones parlamentarias y en las del gobierno”.

Enríquez-Ominami señaló además que es necesario investigar en detalle las causas que produjeron el derrumbe: “La mina San José debió cerrarse hace mucho, tal como lo señaló el anterior director de Sernageomin, Anton Hraste. ¿Quién explica, por ejemplo, por qué este director que en 2007 actuó de manera responsable cerrando el yacimiento que atrapó a 33 personas, fuera removido de su puesto? Se habían producido ya accidentes recurrentes, graves y fatales que justificaban el cierre, sin embargo, la decisión de las autoridades fue remover al director del servicio. Eso es incomprensible”.

Hraste fue alejado del cargo cuando los empresarios de la compañía San Esteban, propietaria de la mina, gestionaban la posibilidad de volver a explotar el mineral, el que finalmente fue reabierto en 2008 cuando oficiaba como director regional de Sernageomin, Marcelo Guzmán.

“Es importante que tanto la investigación judicial como la parlamentaria, lleguen a conclusiones que permitan tomar medidas para que esta situación no vuelva a repetirse en Chile. Hay que analizar las responsabilidades del SERNAGEOMIN, pero también las de la Dirección del Trabajo que tiene las atribuciones para detener una faena si lo estima necesario y aquí existieron antecedentes de sobra. No puede ser que en decisiones tan delicadas como ésta, primen las utilidades por sobre la vida de las personas. En solidaridad a las familias que sufrieron tanto y durante tantos días, no descansaremos hasta que se aclare completamente lo que aquí ocurrió”, afirmó el presidente del PRO.