El negociado de las AFP

Ninguna empresa chilena posee una clientela cautiva de, aproximadamente, tres millones de cotizantes, a excepción de las AFPs (salvo que consideremos el Transantiago).

El Proyecto de Reforma Previsional presentado por el Ejecutivo, en vez de controlar el excesivo enriquecimiento de estas Sociedades, les permite aumentar el marco geográfico de sus inversiones, al concederles hasta el 80% de inversiones en instrumentos financieros extranjeros. En el esquema de un Estado subsidiario, heredado de la dictadura, el fisco salva el fracaso de las AFPs al proponer una pensión básica solidaria para todos aquellos ciudadanos que no hayan cotizado, tengan lagunas o hayan alcanzado menos de $200.000 de pensión, es decir, se hace cargo de más del 75% de los trabajadores chilenos, que recibirán una magra jubilación de $75.000 mensuales, a partir del año 2009.

Sólo el 1% de los cotizantes alcanza a una pensión equivalente al 75% de su sueldo, al momento de jubilar. Las AFPs cobran entre el 2,5% y 2,8% en los llamados gastos de gestión, que no corren ningún riesgo en las fluctuaciones del mercado de acciones y bonos; es el negocio más seguro y más rentable conocido en el mundo financiero. Sólo en la jauja neoliberal, llamado Chile, se puede producir tan maravilloso milagro de rentabilidad sin riesgo.

Por eso estimo que habría que conseguir que los empleadores se hagan partícipes en el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores, ya sea pagando los gastos de administración de las cuentas individuales o los seguros de sobrevivencia o invalidez o aportando un monto de la cotización. Además, propongo disminuir considerablemente las comisiones que perciben las AFPs por la administración de los fondos individuales y los seguros de invalidez y supervivencia a un monto máximo del 10% de la cotización; que en la composición de la comisión de usuarios del sistema de pensiones predominen los representantes de los trabajadores activos y sobretodo de los pensionados y que exista entre esta comisión y la Superintendencia de Pensiones y el Instituto de Previsión Social una relación directa y permanente.

Por último creo que es necesaria la creación de una institución nacional de carácter público encargada de la recaudación y administración de las cotizaciones de los trabajadores.