“Chile corre el riesgo de ser tierra fértil para que las transnacionales hagan y deshagan con nuestro patrimonio”

La ley sobre obtentores vegetales que está en el Senado permitiría que cualquier persona o empresa en Chile y/o el extranjero patente las plantas chilenas para uso agrícola, forestal, investigación u otro y cobre por su utilización.




El Partido Progresista, a través de su Comité PRO Medio Ambiente, se refirió hoy al proyecto de Ley de Obtentores Vegetales, el que está actualmente en el Senado, y que permitiría que privados, personas naturales o jurídicas de Chile o el extranjero, obtengan derechos de propiedad industrial sobre especies vegetales de nuestro país.




“El proyecto permite que una empresa de cualquier país pueda ser dueño de los derechos sobre variedades de copihue, de araucaria, por ejemplo, o sobre cualquier planta con valor medicinal, ornamental o alimenticio que se encuentre en nuestro territorio, además de restringir el su uso de estas por parte de los campesinos. Es importante destacar que al no contar con una ley de protección de la biodiversidad estamos en una posición de riesgo, porque de esta forma se está allanando el camino a la privatización del patrimonio genético de la flora del país y es por eso no se explica por qué se está tramitando este proyecto, con tan poca ”, señaló Francisco Torres, miembro del Comité PRO Medio Ambiente del Partido Progresista.




Este proyecto de ley se enmarca en una obligación adquirida con EEUU en el Tratado de Libre Comercio, de ratificar el convenio UPOV 1991 “Convención Internacional sobre la protección de nuevas variedades de plantas”. Normativas como ésta han generado serios costos para el sector agrícola de países como el propio Estados Unidos, donde cientos de agricultores están impedidos de cultivar semillas y sólo las pueden adquirir en el comercio pagando el costo a sus dueños que, por lo general, son grandes empresas. Esto porque la legislación permitiría que el propietario de las variedades vegetales tenga el derecho exclusivo para multiplicarla. Así, cualquiera que requiera producir, importar o exportar semillas debe tener la autorización del “dueño” de la variedad para utilizarlas.




Esta práctica en el país del norte, ha derivado en que las empresas dueñas de la variedad, las alteren genéticamente, de manera que las variedades originales de la semilla desparecen del mercado y sólo quedan disponibles las transgénicas, abriendo la puerta a la masificación de este tipo de cultivos. Éstas obligatoriamente deben ser compradas por los pequeños agricultores ya que no tienen opción de plantar las semillas originales.




Al respecto, el presidente del PRO, Marco Enríquez-Ominami señaló: “Lo que hizo el Consejo de Transparencia al obligar a publicar la ubicación de los cultivos transgénicos en Chile es un avance. Sin embargo, aún queda mucho por discutir. Es inquietante que se pretenda llevar este debate con una discusión tan opaca, sobre todo si está en juego la protección de la biodiversidad nativa y por ende de nuestro patrimonio natural. En este sentido, tanto la Concertación como el actual gobierno se han negado a establecer por ley la protección de la biodiversidad nativa. Sin duda lo que se está favoreciendo es un modelo agroexportador que deja poco o nada en las economías locales. Chile corre el riesgo de ser tierra fértil para que las transnacionales hagan y deshagan con nuestro patrimonio”




“Hoy Chile es un país donde los transgénicos circulan por los campos y nuestras mesas sin que nosotros sepamos donde están ni cuanto consumimos, esto es inaceptable ya que tenemos derecho a estar informados para decidir. Expresamos nuestra preocupación para qué el gobierno transparente esta discusión y tenga, como eje, la protección de nuestro patrimonio natural y salvaguardias a los agricultores tradicionales que tienen formas ancestrales de producción” concluyó Francisco Torres.



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