En veinte años no hemos sido capaces de poner en el centro del debate nuestra matriz productiva y el tipo de empleo que generamos

En conferencia de prensa, el presidente del PRO afirmó que las prácticas de las empresas contra sus trabajadores son el síntoma del fracaso del país en materia laboral.

El presidente del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami se reunió esta mañana con funcionarios de la Casa de Moneda de Chile, quienes llevan un mes en huelga legal e iniciaron este lunes una huelga de hambre en rechazo a la negativa de mejorar las condiciones de trabajo y otros beneficios que demandan los sindicatos.


El conflicto se desató cuando la entidad pasó de ser un servicio público centralizado a una Sociedad Anónima en junio de 2009, momento en que los trabajadores perdieron diversos beneficios como la retribución de dividendos, vacaciones progresivas, reajustes salariales y el incremento en el sueldo por cumplimiento de metas.

Desde que se declaró la huelga legal no sea han generado acuerdos para solucionar la situación: “Mantenemos nuestra huelga con una cohesión total y absoluta y la vamos a mantener indefinidamente hasta que los trabajadores logremos nuestros objetivos. Marchamos incluso físicamente desde Estación Central hasta el Palacio de La Moneda a entregarle una carta al presidente, la cual no ha sido respondida hasta hoy día. No hemos sido escuchados, por eso tomamos la lamentable decisión de tomar la huelga de hambre que ya lleva dos días y vamos a mantenerla hasta las últimas consecuencias. Si esta va a ser la nueva forma de gobernar, nos parece lamentable”, señaló Patricio Véliz, presidente del Sindicato Unión del Personal.

Antes de desatarse el conflicto, la empresa hizo una propuesta económica que fue rechazada por el 97% de los trabajadores. Iniciado el proceso de mediación, última instancia que tiene la Inspección del Trabajo para solucionar el conflicto, la empresa no ajustó la propuesta inicial ni recogió las demandas generales de sus empleados: “Me parece que la respuesta de la empresa es la evidencia, una vez más, de que hay un problema estructural en la empresa privada, en el sector público y en la sociedad chilena. Este es un gran fracaso de todos nosotros, de los trabajadores, de los líderes políticos, de la Iglesia, de todos. En veinte años no hemos sido capaces de poner en el centro del debate nuestra matriz productiva y el tipo de empleo que se genera”, señaló Enríquez-Ominami.

Luego de 27 días en huelga legal, los trabajadores alegan haber cedido un 75% en sus demandas, pidiendo hoy un reajuste de remuneraciones de 4.5 % sobre IPC: “Más que un reajuste es un tema de carácter retributivo, porque hasta el año pasado nosotros éramos empleados públicos y percibíamos el reajuste que nos entregaba el gobierno y todo el resto de los beneficios del Estado, situación que perdimos. El último reajuste a nuestros sueldos que es del año 2008 y si suscribimos hoy la última oferta de la empresa, que no contiene reajuste, estaríamos congelando nuestros sueldos por tres años y eso para nosotros es inaceptable. El 4,5% ni siquiera va a mejorar nuestras remuneraciones, sino que recupera algo que en justicia debíamos haber tenido y perdimos”, afirmó Véliz.

La vicepresidenta de Organización Regional del PRO, Alejandra Botinelli, señaló que: “Estamos a punto de celebrar el Bicentenario de la República y este país parece tener demasiadas cuentas pendientes con sus ciudadanos. Creemos que llega el momento ya de que todas las fuerzas políticas en unidad constituyamos lo que hemos llamado un “nuevo pacto social”, donde resguardemos los derechos de lo que aquí se llama minorías de poder, que son mayorías ciudadanas pero que tienen poca incidencia en las decisiones políticas”.