Antes que todo, decir que hablar sobre la famosa encuesta del CEP sólo es una excusa para decir otras cosas que precisamente ella no dice (ni aunque lo quisiera: es tan solo una encuesta), pero que es plausible hablar con los datos que ella entrega. No es, claro, para decir que le creemos fielmente, sabemos de dónde viene, de hecho no es casual que algunos compas de esta historia llamada SurDA una vez se la tomaran en pleno evento de camaradería entre el entonces Presidente Lagos y el gran empresariado, tan oligarca y oligopólico como lo conocemos. Pero dicho eso, también decir que la CEP ha arrojado bastantes datos relativamente duros sobre las posiciones políticas de los chilenos en las coyunturas del último tiempo, y por algo se ha convertido en una especie de oráculo para la clase política (en un espectáculo bastante poco decoroso bastantes veces, hay que decirlo). Es una institución poderosa, con recursos, y apuestan a la seriedad de sus mediciones, aunque claro, con las limitaciones de su hegemónica pero sesgada mirada a la realidad. A pesar de eso, y para decir algunas cosas al respecto, aquí vamos.
Terremoto y neoliberalismo. Amplio consenso respecto del modelo… entre muy pocos.
Para seguir llevándole la contra al CEP, vamos a partir por la última pregunta… el Terremoto y sus consecuencias. Tras una larga entrevista de 30 minutos, la delegación encuestadora pregunta cuáles serían las medidas que apoya para las tareas de reconstrucción. Entre las opciones entregadas, la que suscita la mayor cantidad de reprobaciones es la venta de activos del Estado, con 59 por ciento. La segunda es el recorte de gastos públicos.
De las apoyadas, y en rigor, sólo una es del paquete de medidas del gobierno: los beneficios tributarios para las donaciones de empresas. El resto, apunta en la dirección contraria de lo que piensan, proponen, e implementan las elites económicas del país, es decir, contra el programa económico neoliberal que nos rige hace décadas: aumento de impuestos a la gran minería (extrapolable a las otras actividades extractivas, pilar de la economía exportadora chilena) pues el aumento temporal propuesto se anula y revierte con las exenciones de mediano y largo plazo que se otorgan, aumento de impuesto general a las empresas (aunque la encuesta lo pregunta sólo como “temporal”), y el uso de los enormes ahorros del Estado chileno puestos en el extranjero. La CEP no pregunta sobre los recortes en los presupuestos regionales, sensible ítem en un aparato estatal ya muy centralizado, y con los que se han cubierto las tareas de reconstrucción más inmediatas.
Hemos visto por largo tiempo cómo la clase política y los medios privados de comunicación insisten en un supuesto consenso social y político en torno al modelo económico, pero ni siquiera sus propias encuestas confirman tal afirmación, y en la mayoría de los casos simplemente rehuyen de preguntar directamente la opinión sobre el modelo en su conjunto. Uno de los pocos que lo han hecho, los estudios del PNUD, han señalado que una amplia mayoría de chilenos y chilenas sienten rechazo, inseguridad, inestabilidad, y desconfianza hacia el sistema económico. Actualizando tales indicadores con las circunstancias más recientes, bien se podría decir que las consecuencias de la crisis económica internacional y el terremoto vienen a agravar esa sensación, y las últimas cifras de pobreza y desigualdad lo reafirman. Otros indicadores muestran que la proporción entre ingresos y endeudamiento se inclina progresivamente hacia lo segundo, aumentando la inseguridad económica de las familias chilenas, cuestión que se amplifica con el alza de los precios de bienes y servicios de consumo y uso masivo. Tales cuestiones parecen configurar un contexto social y económico cuyo conjunto las elites ocultan o prefieren evitar preguntar. Es contra ese consenso neoliberal donde nuevamente apunta la ciudadanía, según los datos de la CEP, en su opinión sobre las medidas a tomar tras el terremoto.
Crisis de representación. Lo que no muestran las cifras electorales.
Conocida es la bajísima participación en los partidos politicos, y la brecha creciente entre la clase política dominante y la ciudadanía. La encuesta del CEP nos dicen que el 48% de la población ni siquiera se identifica con alguno de los conglomerados políticos (la Concertación y la Coalición por el Cambio empatan a 21 puntos, el Juntos Podemos con 7). La Concertación baja 5 puntos, la Coalición sube 3, el Juntos Podemos 1, y los que no nos sentimos representados por alguno de ellos pasamos a ser el 48% (3 puntos más).
Muy indicativo del cerrazón y cerco político en que vivimos, es el hecho de que a pesar de estos datos, son pocos los personajes públicos que no pertenecen a las coaliciones: o perteneces al esquema binominal o no existes.
Estos datos confirman la constante y progresiva crisis de representación política de amplias capas de la sociedad chilena, agravado por el hecho que la mayoría de ellas son las nuevas generaciones, las que precisamente maduraron en democracia.
La totalmente mayoritaria tendencia a no inscribirse en los registros electorales tiene que ver en buena parte con esta brecha de las nuevas generaciones posdictadura, con las identidades, partidos, y conglomerados políticos constituidos hasta ahora. Tal crisis, como sabemos, no ha decantado en un fortalecimiento de la identidad política de “la izquierda”, sino más bien un heterógeneo mapa social. La ciudadanía más activa y politizada es un sector reducido, y es bastante más amplio y diverso que la militancia de las organizaciones políticas de izquierda. La encuesta CEP señala que la sumatoria entre “centro-izquierda” e “izquierda” es la única que cae en esta muestra (en su comparación con la anterior de agosto del año pasado), contra un centro y una derecha que crecen. Es pensable que esto último va de la mano del siguiente punto.
Declive de la Concertación y la posibilidad latente de algo nuevo.
Parece ya un cuento repetido, pero no es menor el que nuevamente todos los indicadores muestran una baja para la ex coalición gobernante. En aprobación a su gestión, comparándola con hace un año, baja de 41 a 29 puntos, igualando la cifra que arrojó la primera vuelta presidencial en diciembre pasado para su candidato Frei. En su labor como “oposición”, debiera estar aglutinando e identificando a la mayor parte de la sociedad que siente un alto rechazo a la derecha y el gran empresariado, pero no: sólo continúa su tendencia a la baja.
No es menor tampoco, el hecho de que entre los personajes políticos mejor posicionados sólo encabezan los ex presidentes (Bachelet, Lagos, Frei), mientras que las figuras de su “renovación generacional” (Lagos Weber, Carolina Tohá, Fulvio Rossi) aparecen detrás de quien encabezó la ruptura más relevante en sus dos décadas de historia: Marco Enríquez-Ominami.
El candidato presidencial del 21% y actual vocero y constructor del Partido Progresista, cae varios puntos de aprobación en comparación con agosto del año pasado, pero tal cosa no obsta a que aparezca con altos niveles de apoyo a pesar de la compleja situación de su liderazgo: rompió con la Concertación, y al no pasar a segunda vuelta fue reprochado por dos flancos, tanto por quienes esperaban verlo encabezando la candidatura de Frei contra Piñera, como por quienes hubieran preferido que no hiciera público su voto por el candidato concertacionista (estos últimos, divididos además en dos grupos: los que votaron por Piñera en 2da vuelta, y los que anularon o no votaron). Por lo demás, la opción de él y sus equipos de campaña en emprender la construcción de un partido por fuera de la Concertación nuevamente le podría haber traído mayores puntos a la baja: por los concertacionistas que lo pudieran ver como una maniobra que rompe la unidad de la oposición, y por los jóvenes que se inclinaron por su opción presidencial en rechazo a la clase política y los partidos en general.
Lo último nos confirma en parte las intuiciones y certezas que hemos forjado y llevado adelante en nuestro actuar y propuesta de propiciar hace ya varios años acercamientos entre los sectores genuinamente críticos del rumbo neoliberal de la Concertación, tanto dentro como fuera de ella, y propender a una articulación amplia que las aglutine a todas sin que perdamos nuestras identidades políticas más particulares. Esto, en una perspectiva más radical y más amplia que la domesticada izquierda concertacionista, pero también superadora de la clásica izquierda tradicional, a la que le sigue costando convertirse en una opción política atractiva para las mayorías y que no se quede en el solo rechazo testimonial, o en el intento de entrar como fuerza subordinada y auxiliar a la Concertación, como viene mostrando el PC en su prioridad de ingresar al Parlamento a toda costa, incluso dentro de la lista concertacionista y con una áspera campaña contra quienes hemos optado por mantener la necesidad de una opción autónoma y distante frente a ella.
El apoyo ciudadano espontáneo a la vocación por construir esa otra cosa nueva, aún incipiente y poco delineada, parece ser la explicación central de la altísima votación por ME-O en diciembre pasado (y otros fenómenos y personajes públicos no incluidos en la encuesta), cuestión que sigue estando vigente y sigue siendo una posibilidad abierta, más con la postergada pero inevitable reforma al excluyente sistema electoral: con sufragio universal y la votación de las nuevas generaciones, el mapa político cambiará para siempre. Basta con mencionar, a modo de ejemplo, que entre las nuevas generaciones no inscritas (casi 4 millones de personas), según la anterior CEP, ME-O aventajaba ampliamente a Frei en primera vuelta, y seguramente disputaba con mejor opción contra Piñera en segunda (cuestión que señalaban todas las mediciones que incluían a los no inscritos).
En otras palabras: las nuevas generaciones parecen tener un juicio formado ante la Concertación en su conjunto, y tal percepción ni siquiera logra revertirla la enorme popularidad individual de Michelle Bachelet, a quien el sentido común ciudadano la tiende a asociar más a un Marcelo Bielsa o Stefan Krammer como referentes públicos (incluso en ocasiones a ME-O), que a cualquiera de los otros dirigentes de la Concertación…
Palabras finales: lo que la CEP no dice ni puede decir.
Lo enunciamos al comienzo, pero ahora insistiremos en algunas cuestiones que para nosotros son prioritarias, y no están ni por asomo en la encuesta del Centro de Estudios creada y dirigida por la familia Matte. Si bien se lo insinúa en la pregunta sobre las medidas para la reconstrucción pos terremoto, no hay nada sobre algunos asuntos que parecen estar teniendo alta adhesión o interés nacional: la propiedad sobre los recursos minerales o del agua, el conflicto entre el Estado chileno y las comunidades mapuche, o el rol del Estado en los servicios públicos vitales: Educación, Salud, Vivienda. Es sensato pensar que la sensación de fragilidad que produce algo como el terremoto y maremoto han inclinado aún más esa tendencia que se aprecia estar creciendo, de una ciudadanía que desconfía cada vez más de la mano del mercado para la solución de sus problemas y necesidades, y más aún, de sus expectativas de mejoramiento y bienestar. Tanto en el CEP, como en el Gobierno entrante y otros espacios de deliberación de las elites saben que las opiniones ciudadanas están ampliamente inclinadas hacia posturas que desde la óptica neoliberal son consideradas como “estatistas”, pero que más bien son el anhelo de amplias mayorías por una sociedad más igualitaria, justa, con mayor bienestar social.
Una reciente encuesta (“Minerobarómetro”, PUC-MORI) indica que en el emblemático caso de la minería, un 84% rechaza cualquier tipo de privatización de Codelco, el 79% que el Estado administra mejor las minas que la empresa privada, y el 75% que los todos recursos minerales debieran ser explotados de manera exclusiva por el Estado. Y la tendencia en todas estas opiniones ciudadanas es creciente… todo lo contrario a lo que pasa en realidad: el Estado cada vez controla menos la explotación de los minerales, y en el caso del cobre está hace rato bajo el tercio de la explotación total.
El caso de la cuestión mapuche es más ilustrativo aún, pues a pesar de la gravedad del asunto escasean estudios de opinión sobre el tema, y pocos se atreven a preguntar directamente por la opinión de chilenas y chilenos sobre el tema en general, y más aún, los asuntos puntuales que colocan al Estado chileno en posición de graves atentados y violaciones a los derechos humanos más básicos: la aplicación de la ley antiterrorista, los testigos sin rostro, y los dobles enjuiciamientos que aquejan a simples dirigentes, comuneros, e incluso niñas y niños mapuches…
Pero eso ya es pedir mucho. Ya que está tan de moda hablar de los “conflictos de intereses” y que el tema del crecimiento de la desigualdad en Chile es imposible de ocultar, sólo mencionar que la familia propietaria del Centro de Estudios Públicos ha aumentado sustancialmente sus riquezas incluso avanzando en las mayores fortunas a nivel planetario, con capitales evaluados en 8.100 millones de dólares, la segunda del país y número 84 en el mundo (datos de Forbes), y acaba de invertir 2.000 millones de dólares en una planta de celulosa que adquirió el año pasado en Brasil. No es menor mencionar que esa riqueza se forjó y crece día a día, principalmente, talando los bosques del Sur de Chile…
Como para no creerle tanto a la CEP, o cotejar sus datos con otras cosas, más reales y profundas que respuestas al paso a preguntas preformateadas, en una entrevista de media hora a 1.500 compatriotas.
Miguel Barros, participante del Movimiento SurDA
Héctor Testa Ferreira, participante del Movimiento SurDA y del Partido Progresista, PRO.
Ver el analisis en surda.cl
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