Publico columna de Eduardo Vergara Bolbarán
El reciente terremoto y tsunami desnudaron la falta de coordinación, respuesta y lógica en las políticas de seguridad y emergencia. Hemos visto como la acción puramente reactiva frente a una emergencia no da abasto para lograr restaurar la estabilidad en las zonas afectadas y, por sobre todo, es una limitante para lo que podemos hacer respecto a su desarrollo futuro. Lo que hace falta son políticas de planificación y no de reacción. Pero antes de enfocarnos en la elaboración de nuevos planes regionales de emergencia es necesario hacerse cargo de otras trabas. Una de ellas es erradicar la centralización que impide el éxito de todo tipo de plan o iniciativa que pueda tomarse a nivel regional.
La histórica inercia de controlar todo desde Santiago llevó a que luego de una catástrofe de estas magnitudes los chilenos que viven en las regiones afectadas no sólo se sintieran más solos que nunca, sino que también más lejanos de quienes les gobiernan. Pasaban los días y veíamos como los medios de prensa nos “mostraban” zonas afectadas, lejanas al Chile desarrollado y de fantasía que muchos imaginaban. Teníamos frente nuestro un catastrófico escenario tercermundista.
Hasta el día de hoy estos escenarios no han cambiado mucho e incluso puede que se acrecienten. La muerte de Esther Alcántara, de 88 años en la Villa Cordillera de Rancagua ha reiterado señales que confirman que Chile no se debe reconstruir, sino que estamos frente a la gran oportunidad de reinventarlo. Luego de su muerte, las autoridades locales reclamaban desenfrenadamente la falta de capacidad que tenían para reaccionar. Literalmente la gente podría estar muriéndose y no podían hacer nada. La falta de autonomía de las regiones es algo grave, sus autoridades al ser simples extensiones del poder central, son títeres con limitadas capacidades y, por sobre todo, al ser impuestos, carecen de legitimidad e identidad al gobernar. Claro, un tema más de fondo es la falta de independencia de recursos, de iniciativas administrativas y, por sobre todo, la capacidad de poder reflejar en la conducción del territorio los intereses de quienes ahí viven.
Chile requiere una urgente descentralización administrativa. Se requiere entregar altos grados de autonomía a las regiones bajo estructuras federales. La lentitud de acción y los obstáculos burocráticos concentrados en Santiago son algunos de los grandes responsables de la mediocridad con la que Chile trata de ponerse de pie. Ciudades y regiones completas vieron como la naturaleza las desmembró y ahora ven también con tristeza cómo gracias a la falta de capacidad de acción siguen deteriorándose. Las estructuras siguen derrumbándose, los motores productivos se están estancando, el desempleo está en alza, la entrega de servicios básicos se mantiene ineficiente, algunos centros de educación están entrando en decadencia y los establecimientos de salud siguen sin funcionar. En términos generales quienes habitan estos lugares están presenciando el casi irreparable deterioro de sus vidas, gracias a las incapacidades de nuestro Estado.
La falta de independencia, acción y recursos que hoy tienen los municipios y especialmente las regiones son temas que deben abordarse con urgencia en el debate nacional. Toda política pública desde este momento tiene que ser pensada bajo los marcos de entregarle una mayor independencia y capacidades a las regiones para que ellas puedan reaccionar de manera autónoma y robustecerse para enfrentar los cambios económicos, sociales y de seguridad que toda sociedad enfrenta. La provisión de servicios, decisiones y ejecución deben tomar lugar en los niveles más cercanos a la ciudadanía, y no desde un palacio central ubicado en la capital del país. El poder debe ser devuelto a los gobiernos locales, quienes solo con su cercanía lograrán tener una mayor capacidad de actuar y prevenir.
Una vez que las regiones cuenten con autonomía podrán desarrollar planes de emergencia y acción, acordes a sus riesgos, características y necesidades. Hasta que no cuenten con independencia de actuar y poner al ser humano al centro del debate, seguirán recibiendo respuestas basadas en plantillas de acción que han probado ser inadecuadas. El Gobierno, parlamentarios y la sociedad civil deben comenzar de una vez por todas a definir una estrategia para abordar el siniestro centralismo que aqueja al país. La desgracia abre espacios para la reinvención y requiere de audacia para tomar decisiones que pueden marcar al bicentenario como el año en que Chile se reinventó desde sus escombros
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