Nueva institucionalidad ambiental.

  Desde la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), nueva institucionalidad ambiental que reemplaza a la CONAMA, el balance de su desempeño no es muy alentador. Sería simplista atribuirlo a las gestiones del actual gobierno, que ha dado suficientes muestras de ineptitud en el resto de las carteras, pero sin duda arrastra taras groseras heredadas de su predecesor.

Así, la intención de inyectarle eficiencia a la aprobación ambiental de proyectos, a través del nuevo Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no hace más que optimizar un proceso reactivo y viciado, donde la ganancia privada prevalece por sobre una política pública estratégica del Estado, nutriendo de esta forma la creciente incompatibilidad entre “desarrollo” y sustentabilidad.

Basta ver cómo reacciona la ciudadanía al sentirse pasada a llevar por un sistema que no la involucra en las decisiones país, que le impone “expertos” designados políticamente para que voten proyectos privados que sólo benefician a unos pocos y que claramente son rechazados por la ciudadanía (Hidroaysén, Barrancones, otros). Aquí es donde coinciden institucionalidad ambiental y ciudadanía: ambas reaccionan ante el problema, cuando ya el hecho está consumado. La única gran diferencia es que, teóricamente, la primera es la encargada de velar por el bienestar de la segunda, lo cual evidentemente en la práctica no es el caso.

De esta forma, los proyectos aprobados no obedecen necesariamente (o casi nunca…) a una planificación pública, no representan necesariamente (o casi nunca….) la mejor alternativa para resolver un problema, demanda o servicio, ni mucho menos la mejor localización desde un punto de vista social o ambiental… En efecto, para optimizar la localización de proyectos debiera existir una planificación territorial vinculante, evaluada estratégicamente desde un punto de vista ambiental, como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Si bien la nueva ley considera la utilización de este instrumento, hasta el momento sólo existen experiencias piloto en esta materia y, por ejemplo, las modificaciones al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) pudieron ser aprobadas sin su aplicación, situación denunciada por los progresistas y finalmente aceptada por Contraloría.

La necesidad de planificar el desarrollo de los territorios se hace aún más imperiosa ante el actual escenario de variabilidad climática, fenómeno global e ineludible que deja al país en una situación vulnerable si no se anticipa a los acontecimientos, tanto con planes de acción a nivel regional y local para adaptarse a las nuevas condiciones, como con medidas urgentes a nivel nacional, que contribuyan a la mitigación de los efectos esperados por aquéllas. Entre las primeras (medidas de adaptación) es fundamental una mayor preocupación por nuestros recursos de agua dulce, cuya disposición en cantidad y calidad debe ser asegurada para el uso de todos los chilenos en cada una de las localidades de nuestro país; entre las segundas (medidas de mitigación) se debe pensar en fuentes de energía que no sigan contribuyendo al calentamiento de nuestra atmósfera, como lo hacen -en primer término- las centrales termoeléctricas a carbón, aquéllas que precisamente están entrando en forma masiva al SEA desde el último período de gobierno de la Concertación.

En síntesis, el MMA no ha roto el servilismo de las instituciones públicas a los intereses privados, pues no ha habido un cuestionamiento a nuestro actual modelo de desarrollo, ni menos una reflexión sobre qué país queremos en realidad…

Marco Enríquez-Ominami